Austin, Texas.- El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó la noche del domingo una ley contra las ciudades santuarios que permite a los agentes preguntar la condición migratoria a detenidos y amenaza con cárcel a los jefes policiales que no cooperen con las autoridades federales.
El mandatario estatal republicano, que cumple su primer periodo en el cargo, adoptó el protocolo inusual de firmar la iniciativa y difundir el acto en su página de Facebook sin aviso previo al público.
El gobernador manifestó que los habitantes de Texas confían en que los legisladores velen por nuestra seguridad y señaló que leyes similares fueron impugnadas antes en tribunales federales. Los detractores de la medida dejaron entrever que la objetarán de inmediato judicialmente.
“Texas ha prohibido ahora las ciudades santuarios en el estado de la estrella solitaria” señaló Abbott.
La iniciativa superó esta semana un último obstáculo en la legislatura controlada por los republicanos, debido a las objeciones de los demócratas y los defensores de los derechos de los inmigrantes que han atestado el Capitolio en Texas.
Los demócratas y activistas dijeron que la iniciativa muéstreme sus papeles será utilizada para discriminar a los latinos.
Los principales jefes policiales en Texas se opusieron al proyecto de ley.
Los republicanos tienen una sólida mayoría en la legislatura y superaron las objeciones demócratas, aun cuando las medidas del presidente Donald Trump para retener los recursos federales a las ciudades santuarios han enfrentado obstáculos en las cortes federales.
Human Rights Watch (HRW) advirtió que las políticas migratorias de Trump aumentan los riesgos de que inmigrantes mueran en centros de detención en Estados Unidos, cuya atención médica ya de por sí es precaria.
En un estudio elaborado con el organismo Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement, HRW documentó fallas sistémicas, como demoras irrazonables en la atención y personal médico sin suficiente preparación.
El informe se elaboró a partir del análisis de registros de investigaciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sobre 18 muertes ocurridas en situaciones de detención entre 2012 y 2015. Entre los fallecidos figuraban ciudadanos de México, Guatemala, El Salvador, Mozambique, Honduras, Canadá, Jamaica y Antigua y Barbuda.
