Con una inflación superior al 5 por ciento en los primeros casi cinco meses del 2017, una paridad inferior de la moneda mexicana frente al dólar y un crecimiento inferior al 3 por ciento. Con un interés de la banca comercial superior al 10 por ciento. Ahora resulta que según un informe del secretario nacional de la Sagarpa José Calzada Rovirosa que no cita la fuente, asegura que en los primeros tres meses del presente año, el sector agroalimentario del país registró un crecimiento del 6.9 por ciento.
El informe definitivamente que deberá ser revisado, pues el funcionario de referencia enfrenta severos cargos de parte de la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades durante el ejercicio del 2016. Y un posicionamiento de esa naturaleza, si estuviéramos bajo las normas de otro país ya estuviera en proceso de investigación.
Pues encima de que subsidios como el diesel, el proagro, y el progan entre otros han sido diezmados durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. Es basto el esfuerzo de los productores que se mantienen en las actividades agropecuarias. Y si fuera cierto el indicador de que el crecimiento es del 6.9 en las actividades agroalimentarias, habría que reconocerles a los agricultores, pescadores, ganaderos y demás por su arrojo para seguir invirtiendo a la intemperie. Ya que el mérito es de ellos y no de la engorda de funcionarios de esa dependencia.
El mismo presupuesto para el sector agropecuario en los últimos cuatro del presidente Peña, casi se redujo un 40 por ciento. Y un porcentaje importante de esos recursos se destina a incentivar otros cultivos, distintos a los conocen los agricultores, porque quienes dirigente la producción de granos desde la bolsa de Chicago, tienen otras proyecciones.
En tanto, que el país sigue siendo dependiente de granos como el maíz, el frijol y el arroz dos básicos de la canasta de los mexicanos. Y sin el menor recato han sido abiertas las puertas a la importación de todas las carnes. Hoy el país está invadido de carne congelada en las tiendas de la esquina, del super o de la tienda de conveniencia.
En otro orden, buenísima estuvo la encerrona del procurador Irving Barrios Mojica con representantes de comités buscadores de difuntos en los últimos seis años en Tamaulipas. También se ventilaron quejas por averiguaciones previas en contra de policías estatales, que no han mostrado avances.
Los buscadores de difuntos alzaron la voz, al escudo de que en la misma reunión participaba personal de la oficina del representante del alto comisionado de la ONU derechos humanos. El procurador estuvo visiblemente molesto por los señalamientos de los colectivos y los representantes de ONG.
De hecho la finalidad de los colaboradores del representante del alto comisionado de estar presentes en la reunión fue para comprobar el grado de compromiso y voluntad que hay en la procuraduría estatal para esclarecer el paradero de los más de cinco mil desaparecidos.
Mientras que el secretario general de gobierno César Verástegui Ostos y la subsecretaria Gloria Garza participaron en la ciudad de México en una reunión con el subsecretario de derechos humanos de la secretaría de gobernación Roberto Campa Cifrián. Que se pretende homologar los criterios para activar la protección de las defensorías de derechos humanos y periodistas.
Patético resulta lo anterior, sobre todo porque las defensorías de derechos humanos surgieron para resguardar los derechos humanos de los civiles. Lo extraño es que ninguna defensoría de los derechos humanos del Estado o sea oficiales, no presenta ninguna queja en ese sentido.
Deberas que a esta entidad cuando no le llueve le pega cada tornado que inmoviliza las actividades comerciales, lamentables los hechos ocurridos en los dos Laredos, daños que se extendieron a las regiones de los municipios de Matamoros y Reynosa, donde hasta el lunes no se había restablecido al cien el servicio de electricidad. Los mayores daños se registraron en Laredo Texas, según el informe de Pedro Granados director estatal de protección civil en la entidad.
