Buenos Aires.- Miles de manifestantes con antorchas rodearon ayer por la noche el hotel Sheraton, en el barrio de Retiro, para pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que delibera en esta capital, la liberación de la dirigente social Milagro Sala, también diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur, y otros detenidos políticos. Advirtieron sobre situaciones violatorias de los derechos, como el fallo del 2×1 para dejar en libertad a los procesados por llícitos de lesa humanidad, que están sucediendo durante el gobierno del empresario derechista Mauricio Macri.
Por su parte, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires entregó a la CIDH una denuncia sobre el reciente pedido realizado por el Pentágono para la compra de pistolas Tasser, destinadas a una llamada fuerza de paz de la Cruz del Sur, como fue revelado y documentado en abril pasado en el programa televisivo de Economía Política.
La representante del Observatorio, María del Carmen Álvarez, dijo que con esta presentación se ampliará una denuncia anterior del premio Nobel de La Paz Adolfo Pérez Esquivel ante el intento del gobierno porteño de adquirir esas armas anteriormente, al igual que el reciente pedido de armamento meno letal (less lethal weapon) por los funcionarios gubernamentales.
La primera denuncia fue presentada el 30 de agosto de 2015 y el caso fue aceptado por la CIDH el pasado 31 de marzo, pero ahora deberá decidir sobre este nuevo pedido por las Tasser, pistolas eléctricas que serían compradas junto con otras para integrantes de las fuerzas de seguridad y armadas.
Recuerdan que ese tipo de armas han sido catalogadas por el Comité contra la Tortura, de la Organización de las Naciones Unidas, como elementos de tortura, que provocaron más de 500 muertes en los pasados 13 años en Estados Unidos , señala el escrito.
Denuncias contra Macri
Mientras esto sucede, la fiscal de instrucción Silvana Russi pidió las declaraciones juradas presentadas por el mandatario y su esposa Juliana Awada cuando era jefe de gobierno de la ciudad entre 2010 y 2015, ante denuncias por supuesta omisión maliciosa en la declaración de sus bienes.
La causa fue iniciada por la ex legisladora y dirigente de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerrutti, acusando a Macri de irregularidades en su declaración de bienes, al compararla con la documentación presentada por el mandatario cuando se postulaba para presidente en 2014. Se indica en la investigación que estaríamos frente a una omisión maliciosa, expresó Cerruti.
También la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, denunció al presidente Macri y a funcionarios del gobierno nacional por la venta de acciones que pertenecían al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional (FGS) de los jubilados. De acuerdo con la acusación, la operación benefició a Pampa Energía, propiedad de Marcelo Mindlin -también dueño de Edenor- en sociedad con otros conocidos amigos del actual gobierno, como el magnate inglés Joe Lewis, íntimo amigo del mandatario.
La empresa de Mindlin y Lewis se quedó con el total del paquete accionario de Petrobras Argentina, del que el FGS tenía 12 por ciento. La denuncia recayó en el juzgado 11, a cargo del juez federal Claudio Bonadío, uno de los más cercanos a Macri. La denuncia se basa en que fue una operación habilitada por el comité ejecutivo del FGS, sin que existieran los requerimientos que por ley necesita la Administración Nacional de Servicios Sociales para vender activos; la operación se hizo a un precio por acción menor al que calculaban consultoras privadas especializadas, lo que representó para el Estado nacional, a través del FGS, entre mil y 3 mil millones de pesos de pérdidas, acusó Donda.
