Ciudad de México.- Son diez las diferencias sustanciales que dividen al PRI y a sus aliados de la dupla PAN-PRD en la Cámara de Diputados sobre las reformas que crean el mando mixto policial.
Entre los argumentos expuestos por los legisladores priistas y por la Secretaría de Gobernación (Segob) para no aprobar el mando mixto destaca que su creación, a diferencia del mando único, representa un sistema complicado, riesgoso y oneroso.
La Segob advierte que la propuesta aprobada en el Senado y atorada en la Cámara de Diputados abre la puerta a que los gobiernos locales se desentiendan de su función policial.
También alertan que la operación policial sería inestable en el mando mixto, porque los gobiernos locales pueden o no tener en sus manos la seguridad pública, dependiendo de si pasan las evaluaciones, lo que, a su vez, implicará una recurrente transferencia de recursos humanos y económicos, dejando un vacío sobre de quién es la responsabilidad financiera.
Diez temas alejan al PRI de la ley policial
Certificación, evaluación y auditorías, entre las objeciones más importantes.
Concentrados en tres aspectos relacionados con la certificación, evaluación y auditorías de los cuerpos policiacos estatales y municipales; con el riesgo de que los gobernadores y alcaldes se deslinden de su responsabilidad en materia de seguridad y con la complicación presupuestaria, son diez las diferencias sustanciales que tienen el PRI y la dupla PAN-PRD que frenan la creación de las reglas del mando policial.
De acuerdo con un análisis realizado por los equipos técnicos de senadores que votaron en favor de la minuta del mando policial que tiene atorada la Cámara de Diputados, la oposición priista y de la Secretaría de Gobernación se centra en aspectos que desde su análisis complicarán sustancialmente el mando policial; al generar “un sistema administrativamente complejo, presupuestalmente oneroso y políticamente riesgoso”.
Según el proyecto de dictamen que tienen los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, la oposición pretende superar estas diferencias con la reafirmación de que será la ley la que aclare y evite excesos; pero desde la perspectiva de los priistas y el análisis gubernamental, no es suficiente, incluso la propia reforma constitucional dice claramente que la ley respectiva hará las aclaraciones suficientes.
Sin embargo, la minuta del Senado, ahora convertida en proyecto de dictamen en la Cámara de Diputados, “abre la puerta a un sistema administrativamente complejo, presupuestalmente oneroso y políticamente riesgoso”, según el análisis de los cuerpos técnicos de algunos senadores, basado en las posiciones del PRI y la Secretaría de Gobernación, que expresaron en San Lázaro.
Tanto el proyecto de dictamen realizado por los diputados federales Guadalupe Acosta, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, como por Jorge Ramos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, como el documento técnico de algunos de los senadores involucrados en el tema, estos 10 puntos de disenso fueron planteados por el PRI, Partido Verde y la Secretaría de Gobernación.
La secretaría dice que el mando policial creado por el Senado provoca “un esquema inestable de función policial”, porque los municipios y estados ganan, pierden y recuperan componentes de la función policial de manera recurrente, a través de evaluaciones; generar un “escenario de inestabilidad, particularmente, operativo”; implica una recurrente transferencia de recursos humanos, materiales y financieros entre órdenes de gobierno, cada vez que una corporación gane o pierda la certificación e impedirá la continuidad de la política de seguridad.
Este modelo abre la puerta a que los gobiernos estatales y municipales deleguen a la Federación la función policial.
“La minuta contempla la posibilidad de que estados y/o municipios renuncien o deleguen las funciones de seguridad al orden superior de gobierno; ello generaría un incentivo perverso para desentenderse de la responsabilidad que constitucionalmente le estaríamos reconociendo en la minuta.
“Ante estos escenarios, la Federación terminaría por asumir las tareas de seguridad pública en muchos estados y municipios; la Federación estaría imposibilitada para cumplir la función de seguridad pública, al carecer de los recursos y capacidades”, dice la Secretaría de Gobernación y secunda el PRI.
Otro aspecto es la carga política y de gestión a la Federación.
“La minuta contempla que todos los diagnósticos, evaluaciones y certificaciones para estados y municipios los realice la Federación, a través del Secretariado Ejecutivo. Bajo este esquema, el gobierno federal asume la totalidad de las responsabilidades políticas y de gestión; se deja fuera la participación de las entidades federativas en un proceso que directamente afectará la seguridad pública de su territorio; la Federación no cuenta con las capacidades necesarias para asumir esta responsabilidad”, precisan el PRI y Gobernación.
