Caracas.– Las víctimas mortales en las protestas contra el gobierno de Venezuela subieron a 65 en dos meses, luego que se reportó la muerte este día en un hospital de un hombre que fue apuñalado y quemado durante una manifestación efectuada el 20 de mayo pasado en Caracas.
El caso fue criticado por el gobierno venezolano, que lo calificó como un “crimen de odio”, cometido por grupos violentos de la oposición.
La Fiscalía General confirmó el deceso del joven de 22 años Orlando Figuera e indicó que comisionó a un fiscal para que investigue los hechos y declare la responsabilidad penal del caso.
Agregó que el hombre murió tras la agonía desde el 20 de mayo en un hospital de Caracas, donde fue internado desde el incidente.
El presidente Nicolás Maduro había difundido un video de la manifestación en la que fue golpeado y quemado. En el video podía verse cómo era perseguido y prendido en fuego, señalando que la oposición era responsable por sus llamados contra el chavismo.
El gobernante ofreció apoyo al hombre, de quien afirmó que se declaró públicamente “chavista” en medio de la manifestación.
“Acaba de fallecer de paro cardiopulmonar el joven Orlando Figuera, apuñalado y quemado en vida por mentes enfermas de odio en Altamira el 20 de mayo”, dijo el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas en su cuenta de Twitter.
Agregó que había sufrido quemaduras en 70 por ciento del cuerpo y que había sido golpeado y apuñalado por “grupos contratados para generar violencia y terrorismo en el país”.
El defensor del pueblo, Tarek William Saab, dijo que ahora Figuera es el símbolo en Venezuela de los crímenes de odio.
Agregó que se convirtió en la cuarta víctima de “crímenes de odio” en las manifestaciones opositoras que comenzaron el 4 de abril pasado.
Las manifestaciones estallaron luego de que la Asamblea Nacional denunciara al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de haber dado un golpe de Estado con dos sentencias que la despojaron de funciones.
Los fallos fueron retirados parcialmente, pero los diputados insisten en que el orden constitucional fracturado no ha sido restablecido, pues los magistrados del TSJ que los firmaron siguen en sus cargos.
