Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos en el país -CNDH-, presentó un recurso de inconstitucionalidad sobre la Reforma al Código Penal de Tamaulipas, aprobado en abril pasado en el Congreso del Estado.
El recurso va contra el artículo 22 donde se permite otorgar la prisión preventiva oficiosa bajo supuestos que la Ley Federal no permite y la CNDH considera una grave violación a los Derechos Humanos.
Interpone un juicio de inconstitucionalidad por aprobarse reformas que permite aplicar la prisión preventiva oficiosa bajo supuestos que la Ley Federal no permite.
“La norma impugnada se constituye como una grave restricción para el ejercicio pleno de los derechos humanos de libertad personal, libertad de tránsito, debido proceso, derechos del procesado, así como del principio de seguridad jurídica, y para los objetivos planteados en la agenda 2030, al consolidarse como un marco normativo que se decanta por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, como regla y no como excepción sobre el pleno ejercicio de los derechos humanos”.
El recurso de inconstitucionalidad que, puede leerse en la página oficial de la CNDH, fue presentado el 22 de mayo de este año ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacional -SCJN-.
Se explica que el artículo 22 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, establece una regla de procedencia de la “prisión preventiva oficiosa”, distinta a la prevista en el artículo 19 de la Constitución Federal, lo cual, se traduce en una violación a los derechos humanos a la libertad personal, libertad de tránsito, debido proceso y seguridad jurídica, así como al principio de excepcionalidad de la prisión preventiva.
Detalla que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos delimita las reglas para la procedencia de la prisión preventiva y de la prisión preventiva oficiosa.
En el segundo párrafo señala, los delitos en los que el juez podrá ordenar la prisión preventiva de manera oficiosa.
Dichos delitos son los siguientes: Delincuencia organizada, Homicidio doloso, Violación, Secuestro, Trata de personas, Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, Delitos graves que determine la ley contra los bienes jurídicos de: a) la seguridad de la nación; b) el libre desarrollo de la personalidad; y c) de la salud.
“Fuera de estos supuestos, listados específicamente, no existe la posibilidad constitucionalmente válida de que un juez pueda determinar la prisión preventiva oficiosa, en atención al principio “numerus clausus””, cita en la exposición la CNDH.
Añade que contrario a lo anterior, el día 21 de abril de 2017, fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas los decretos con número LXIII-149 y LXIII-160, por los que se reformaron diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tamaulipas.
Derivado de tal reforma dicho Código, estableció una regla para determinar los delitos en los que procede la prisión preventiva oficiosa, distinta a la prevista por la Norma Fundamental.
“Se consideran como delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa los supuestos señalados en las fracciones I, II, III, IV y V de ese artículo, que se tratan de los delitos: Atentados a la seguridad de la comunidad, Tortura, Peculado, Robo, Extorsión.
La CNDH señala que la norma impugnada es, en esencia, el permitir que el juzgador determine la prisión preventiva oficiosa contra delitos que no son los explícitamente establecidos.
“Al permitir que las personas sean privadas de la libertad por causas y condiciones ajenas a las establecidas por la Constitución Federal, constituye una restricción a dicha libertad sin validez constitucional, puesto que todas las restricciones a un derecho como la libertad personal deben estar expresadas en texto constitucional bajo determinados supuestos de excepcionalidad”.
