Ciudad de México.- El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, tendría posibilidades de enfrentar su proceso en libertad, debido a que el delito de lavado de dinero no es considerado grave y no amerita prisión preventiva oficiosa.
En entrevista telefónica con NoticiasMVS, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, confirmó que el uso de recursos de procedencia ilícita tiene una pena de entre cinco y 15 años de cárcel.
Sin embargo, esperarán a que se sumen más acusaciones en contra de Borge Angulo para que se concreten argumentos y lleve un juicio privado de su libertad.
“Que en nuestro Nuevo Sistema Penal Acusatorio federal no es considerado de los delitos que ameriten una prisión preventiva oficiosa, sin embargo, existen argumentos que se puedan presentar ante la autoridad judicial en México para que lleve su proceso privado de la libertad.
“Hay que recordar que estamos en espera de que pudieran existir otras órdenes de aprehensión, en ese sentido habría que esperar para que se presente la solicitud formal para ver todos los delitos que se pudieran incluir en esta solicitud formal para poder determinar si cuando regrese a México, enfrentar a la justicia mexicana exista algún delito considerado como grave en términos de nuestra constitución de nuestro nuevo Sistema Penal. Si y dependerá de la determinación del juez en base a los argumentos que va a presentar la Procuraduría de la República hasta el momento”, dijo Elías Beltrán.
El funcionario aseguró que el proceso de extradición del aún priísta podría llevar un tiempo de entre un mes y un año, pero destacó que todo depende de cómo presente su defensa el caso.
Recordó que las autoridades mexicanas tienen 60 días para realizar la solicitud formal de extradición.
“No hay un estimado porque va a depender mucho cómo plantee su defensa nosotros calculamos que sea de seis meses a un año”, señaló.
Borge rechazó ayer acogerse al proceso de extradición a México, además que se declaró legal su detención a pesar de que su abogado señaló irregularidades.
La defensa argumentó que su cliente fue detenido cuando se encontraba en un avión de jurisdicción francesa, por lo que se debió alertar a las autoridades de ese país sobre el arresto y realizarlo en ese lugar.
