Bruselas.- Llega la hora de la verdad: la Unión Europea (UE) y Reino Unido comienzan a negociar hoy las condiciones que regularán el abandono de ese país del bloque comunitario, siguiendo el calendario previsto pese a los retrasos en la formación del gobierno británico tras las elecciones del 8 de junio.
Según estipulan los plazos, las negociaciones tendrán que estar terminadas en marzo de 2019, dos años después de la solicitud formal de abandono del bloque. El desafío es enorme, pues nada garantiza que prosperen y que Reino Unido pueda llevar a cabo un Brexit ordenado y regulado.
La UE, que estará representada por una delegación encabezada por Michel Barnier, pretende negociar en primer lugar garantías para los ciudadanos europeos residentes en Reino Unido, la factura que Londres tendrá que pagar tras más de 40 años de pertenencia al grupo, así como la futura frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda.
Sin embargo, Reino Unido quiere negociar inmediatamente sobre las relaciones futuras y un ambicioso acuerdo de libre comercio con el bloque, ante el deseo de la primera ministra Theresa May de sacar al país del mercado común europeo y la unión aduanera.
Tras meses que apuntaban un duro enfrentamiento, desde la semana anterior a los comicios adelantados en Reino Unido algunos hablan de una posible suavización de la postura del país, que estará representado por una delegación con el ministro para el Brexit, David Davis, a la cabeza.
Según un artículo del diario Telegraph, May estaría considerando otorgar amplios derechos a los ciudadanos de la UE incluso tras la salida del país del bloque, como por ejemplo la posibilidad de que ingresen a Reino Unido junto a cónyuges de países extra comunitarios.
En las negociaciones están en juego los derechos de 3.2 millones de ciudadanos de la UE en Reino Unido y de otros 1.2 millones de británicos que viven en el continente. Las conversaciones se esperan muy complejas
–tendrán que abordarse unas 21 mil regulaciones y leyes de la UE, según la web Politico– y también inciertas, ya que la legislación europea sólo regula el marco general de un caso como éste en su artículo 50, pero sin entrar en detalles.
