A siete años de la masacre de San Fernando donde murieron 72 migrantes de los cuales 58 eran varones y 14 eran mujeres el 24 de agosto del 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reclasifico la conclusión del organismo sobre los hechos, relacionados o definidos con violaciones graves. El pronunciamiento de la CNDH está basado en los criterios de cualidad y cuantidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apenas establecidos el pasado 24 de mayo.
En el cual la SCJN faculta a la CNDH para calificar cuando un caso constituyen graves violaciones a los derechos humanos, como es considerado de acuerdo a estos criterios, la masacre de San Fernando.
Y no obstante, que el organismo dice no percibir una acción directa de parte de alguna autoridad, en el origen de los hechos que motivaron la muerte de los 72 migrantes. Sí en cambio advierte que hay un entorno que prevalecía del que las autoridades mexicanas y el Estado, como lo define la Constitución, sabían de lo que acontecía en las rutas de los migrantes mexicanos y extranjeros.
Otra de las connotaciones derivadas de la determinación de la SCJN del 29 de mayo de este año es que la defensoría nacional publique la información a petición de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, representante de los parientes de los migrantes fallecidos.
Y promoventes de un amparo promovido por ese organismo ante el máximo tribunal de la nación. El Cual estuvo motivado porque la CNDH se negó a hacer público el caso de San Fernando en el 2014, bajo el argumento de que la información tenía carácter de confidencial. No obstante que emitió una recomendación, siendo titular de la defensoría Raúl Placencia, donde solamente califica los hechos llanamente como violaciones de los derechos humanos.
Cualquier ciudadano podría sorprenderse de que la reclasificación de los hechos de San Fernando es un ejercicio tardío y sin sentido por parte tanto de la SCJN como de la CNDH. Sin embargo, es menester que los promoventes del amparo vayan más allá y promuevan un nuevo juicio contra el titular de aquel tiempo como fue Raúl Placencia por su actitud de negligencia e indiferencia ante el reclamo de los parientes de las víctimas.
En otro orden, el subsecretario de ingresos del gobierno de los vientos de cambio Arturo Soto Alemán informó que otros establecimiento de los municipios fronterizos fueron clausurados por estar funcionando al margen de la legislación fiscal del Estado tamaulipeco.
Asimismo la secretaría de salud informó que se investigan las causas de la muerte de un paciente en el Hospital Civil de esta capital, para determinar las respectivas responsabilidades de las autoridades. La dependencia promovió una reunión con comunicadores en esta capital.
Mientras que los legisladores federales del PRI acompañaron en una gira de trabajo al presidente municipal de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer, donde los diputados encabezados por Edgar Melhem Salinas presumieron que ellos han sido los gestores de la mayoría de recursos que ejerce el Ayuntamiento de Victoria.
Los legisladores aprovecharon la reunión del jueves y la asamblea del sábado para pasearse por esta capital y de paso mostrar el supuesto musculo priista, que no les bastó para ganar la elección más reciente.
Se espera que en la asamblea priísta programada para mañana en esta capital, vuelva a reaparecer Javier Villarreal Terán, el ex alcalde de Mante, que se sumó a Andrés Manuel López Obrador en su última visita a esta capital, pero ayer fue de los participantes en el “cónclave” de priístas del jueves anterior.
Por su parte, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca informó que próximamente visitará esta entidad el secretario José Calzada titular de la Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación. Se busca construir un campo tamaulipeco próspero y que genere riqueza para los agricultores y ganaderos. También fue invitado a celebrar el 241 aniversario de la Independencia de Estados Unidos.
