Ciudad de México.- El grupo de expertos que investigó la desaparición de 43 estudiantes en México fue blanco de un software vendido al gobierno para vigilar a criminales y que supuestamente se usó para espiar a periodistas, activistas y políticos de oposición, reveló hoy la Universidad de Toronto.
Según un nuevo reporte del laboratorio Citizen Lab de esa universidad, que analiza tecnologías de la comunicación y la información, uno de los miembros del equipo sufrió dos intentos de infectar su celular con el programa espía en marzo de 2016, cuando el grupo preparaba su informe final sobre el caso Ayotzinapa.
Los mensajes recibidos contenían los enlaces maliciosos que convierten los celulares en vehículos de espionaje mediante el uso del programa Pegasus, creado por la israelí NSO Group para venderlo sólo a gobiernos con el fin de combatir la delincuencia y el terrorismo.
El programa convierte a los teléfonos en vehículo de espionaje cuando el afectado da click a un enlace engañoso enviado en un mensaje, lo que posibilita que el monitoreo de los correos electrónicos, mensajes, la cámara, el micrófono y el sistema de GPS.
Citizen Lab hizo público a mediados de junio que más de una decena de periodistas y defensores de derechos humanos mexicanos sufrieron 76 intentos de infección con el software Pegasus entre 2015 y 2016. Una semana después difundió otro informe que señalaba que tres miembros del opositor Partido Acción Nacional, entre ellos su líder, Ricardo Anaya, también sufrieron intentos de infección con el malware en junio de 2016.
En el caso del grupo de expertos, comandado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe detalla que los ataques con Pegasus se dieron justo después de que los investigadores criticaron públicamente al gobierno mexicano por obstaculizar su trabajo.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estaba conformado por cinco expertos y fue creado por acuerdo del Gobierno mexicano y la CIDH para que investiguen de forma imparcial la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, courrida en septiembre de 2014 en el estado sureño de Guerrero.
Durante su mandato de un año, el GIEI sostuvo varias reuniones en México con los padres de las víctimas y con funcionarios. Además, puso en evidencia los fallos del gobierno en las investigaciones sobre el caso y sus relaciones se tensaron hacia el final de su misión.
Para usar el software en los miembros del GIEI se había necesitado el aval de un juez federal, pues contaban con inmunidad diplomática.
El presidente Enrique Peña Nieto ha negado que su gestión esté involucrada en el presunto espionaje, que provocó un escándalo en el país. Su administración ha iniciado una investigación al respecto.
México firmó al menos tres contratos con NSO Group por 15 millones de dólares antes de 2013, según publicó The New York Times. Según otro diario nacional, el programa fue adquirido por la Fiscalía general en 2014 y fue terminado de instalar en marzo de 2015.
