Recordamos que al llegar Enrique Peña Nieto a la presidencia de México, a la par de ofrecer las 12 reformas estructurales, ser presidente del empleo, y demás promesas, se comprometió atacar el cáncer de más costo del país, la inseguridad, corrupción e impunidad.
En otra ocasión abordaremos estos temas, ahora señalaré el tema del Sistema Nacional (SNA) y Sistemas Locales Anticorrupción (SLA).
Después de todo un proceso jurídico legislativo, el gobierno indicó el lunes 18 de julio de 2016 que reafirma su compromiso con la prevención y el combate de la corrupción, la transparencia y rendición de cuentas.
Añadió que gracias a la suma de esfuerzos con la sociedad civil, academia, sector privado y legisladores, México cuenta, por primera vez en su historia, con un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, como instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes del gobierno.
En el Periodo Extraordinario de la LXII Legislatura, se aprobaron 7 paquetes de legislación secundaria para prevenir y combatir la corrupción.
1. LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 2. LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
3. LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN. 4. REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
5. REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 6. REFORMAS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 7. REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
LOS PILARES DEL SNA. La meta es que el SNA es que sea presidido por los ciudadanos y servirá a los ciudadanos. Crea instituciones fuertes y autónomas para prevenir y castigar la corrupción. Se eliminarán los trámites innecesarios y hará que las contrataciones y obras públicas se realicen con total transparencia.
COORDINACIÓN. El SNA coordina a actores sociales y a autoridades de los distintos órdenes de gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Se crea un Comité Coordinador, encabezado por un ciudadano; también habrá un Comité de Participación Ciudadana (5 personas), seleccionado por académicos reconocidos.
CONTROL. El SNA establece diversos instrumentos que permiten una rendición de cuentas clara y efectiva.
SANCIÓN. Se establecen (en la Ley General de Responsabilidades Administrativas) los actos u omisiones en que pueden incurrir tanto servidores públicos como particulares.
SITUACIÓN DEL SNA AL 19 DE JULIO 2017. El 19 de julio México se despertará con un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con fallas estructurales: no tendrá fiscal anticorrupción ni se tendrán magistrados especializados ratificados, ni la totalidad de los sistemas locales estarán en funcionamiento.
El plazo de ley para la entrada en vigor del SNA vencerá sin que se haya concluido la instalación en los estados, puesto que hay entidades en las que ni siquiera han empezado con las reformas de ley, como Tabasco o Campeche, o que recién recibieron la iniciativa, como Chihuahua.
También hay estados en los que hay resistencia política a permitir la intervención de la sociedad civil, como ha sucedido en Coahuila, o se ha excluido a personajes incómodos, como se ha denunciado en Puebla.
Además falta que se nombre al fiscal anticorrupción y la ratificación de los magistrados anticorrupción del Tribunal Federal.
TAMAULIPAS PROMULGA LA LEY ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. El Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó y expidió la Ley Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), con lo que se sumó en junio de 2017, a las entidades federativas que cumplirán con los tiempos Constitucionales (18 julio 2017) para disponer de las herramientas para combatir actos ilegales.
Además establecieron las formas en que se habrán de conformar los Comités de Participación Ciudadana y la designación del Coordinador Estatal, así como la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Los Diputados de la LXIII Legislatura tamaulipeca aseguran que con esta normativa se acabará con las prácticas de impunidad en las instituciones y castigará como se merece a todo servidor público responsable de actos de corrupción.
Así en Tamaulipas ya fueron aprobadas, entre otras, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, Ley de Responsabilidades Administrativas, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas así como la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, en materia de combate a la corrupción.
En el caso de la designación del Fiscal Anticorrupción, los legisladores locales avalaron que sea mediante una convocatoria pública, será electo por el Pleno del Congreso, dependerá de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero dispondrá de un presupuesto autónomo. Este acto se cumplió la semana pasada al ser designado el Lic. Javier Castro en sesión del Congreso.
El 6 de julio, Javier Castro Ormaechea rindió protesta ante el Congreso del Estado de Tamaulipas como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, luego de un proceso de selección ante el Poder Legislativo.
Con este Sistema se acabarán las obras millonarias inconclusas, licitaciones arregladas y concesiones pactadas en Tamaulipas, la sociedad será la encargada de vigilar, prevenir y detectar los actos de corrupción, desde el Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco personas que serán electos por una Comisión de Selección, ambos órganos conformados con base a una convocatoria pública, aseguraron.
EL día de ayer 11 de julio, se tomó protesta a los siete integrantes, 4 hombres y 3 mujeres, de dicha comisión de selección, donde reconocemos la grata presencia de amigos académicos como lo son los doctores José Serna Hinojosa y Roberto Ochoa García. Ambos distinguidos profesores investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).
Además, resaltaron en esta nueva Ley, el Comité Coordinador Estatal, instancia encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Estatal Anticorrupción y que establecerá los mecanismos de coordinación entre sus integrantes y será presidido por un integrante del Comité de Participación Ciudadana.
Tamaulipas inicia una nueva historia en el fortalecimiento de sus instituciones, a partir de una supervisión más eficaz del uso y aplicación de recursos, así como de la forma de conducirse de los servidores públicos.
Mediante esta nueva Ley, se podrá erradicar los vicios y las prácticas nocivas que suelen producirse en el anonimato y en el marco de la impunidad dentro de las instituciones públicas y se castigará a todo servidor público carente de ética y de vocación de servicio que resulte responsable de cualquier acto de corrupción.
Se establece una estructura organizacional de combate a la corrupción, basada en un esquema eficiente de supervisión y fiscalización, en el que participarán la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada, así como los órganos de control interno de las instituciones públicas, los cuales estarán orientados por el Comité Coordinador.
