Encima de la descapitalización de la petrolera mexicana, resultado de malas administración de esta, durante las últimas décadas, resultados de actos de corrupción de sus directivos y dirigentes sindicales. Está nuevamente vinculada con el escándalo, de la empresa brasileña Odebrecht, la cual es investigada por los “justicieros” del mundo, Estados Unidos. Por presuntos sobornos a funcionarios de decenas de países, de los que no escapa la nación mexicana.
Como si no bastara el Pemexgate. Pero como se dice coloquialmente, ¡qué más da!, una raya más al tigre.
Según la propia paraestatal mexicana había signado contratos con la empresa brasileña por más de 50 mil millones de pesos celebrados entre el 2010 y 2015, la mayoría de estos relacionados con proyectos para modernizar la refinería de Tula en el estado de Hidalgo. Esto es lo que los justicieros tienen documentado por parte de la comisión de la bolsa de valores de ese país.
Los justicieros aseguran que la empresa brasileña sobornó a funcionarios de la petrolera mexicana con más de 10 millones de dólares en el mismo periodo a funcionarios de Pemex. Los nombres de estos aún no han sido revelados.
Quizá por ese motivo el gobierno federal se adelantó, en solicitar una investigación de la procuraduría general de la república y por otra parte, la paraestatal procedió a cancelar los contratos con la empresa brasileña, uno de ellos por la modesta cantidad cercana a los dos mil millones de pesos.
También le dio parte a la Secretaría de la Función Pública así como a todas las contralorías habidas y por haber, como si el escándalo de la “casa blanca” de la primera dama del país fuera insuficiente.
Pero en fin esos organismos de control solo cumplen con su objetivo, como es blindar a los entes públicos de las irregularidad administrativas en las que incurren sus funcionarios, que pareciera actúan amparados por quien les ofreció empleo y parcelas financieras para ellos y sus descendientes.
Definitivamente que la corrupción es y seguirá siendo el mal del siglo, mientras haya recursos públicos vulnerables a desaparecer. Mientras se desmantelan las empresas productivas de este país. Ya que Pemex es apenas una de tantas cuyos activos han caído más en las primeras dos década de este siglo.
Pero tal parece que el tema no es nuevo para un segmento de analistas nacionales e internacionales, que advertían desde meses atrás que los procesos en contra de los ex gobernadores priístas de una docena de estados, pretendía distraer la opinión pública mientras los entes públicos sepultaban los contratos de Pemex con Odebrecht.
Donde, según los columnistas picudos de la ciudad de México, estarían involucrados parientes cercanos de la familia presidencial además de la estirpe priístas. Y en esa tesitura fue como el gobierno de la república aceleró la puesta en marcha del sistema nacional anticorrupción y de esa manera simular ante los ciudadanos el espíritu “moralista” del peñato.
En el que, “ahora sí conciudadanos” aplicaremos la justicia hasta las últimas consecuencias, una vez que la paraestatal fue corregida y certificada por los organismos de transparencia, auditoría de este país y de orden judicial.
Escándalo ante el cual los principales actores o contrapesos, sí así se les pudiera llamar a los profetas de los falsos mesianismos, propios de los tiempos de desastre y descomposición, que vive el país impacta en los sectores productivos y sociales. Que ha desencadenado en el desorden y la permisividad.
