Ciudad de México.- En comisiones el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó prohibir a aspirantes a cargos de elección popular que sean dirigentes partidistas, servidores públicos, legisladores o sin cargo alguno difundir propaganda contratada, adquirida o pagada a partir del 8 de septiembre y si no lo acatan, las erogaciones efectuadas para este fin se cuantificarán como gastos de precampaña o campaña.
Si hacen propaganda después del 8 de septiembre les valdrá como gastos de pre campaña y campaña
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobó hoy los Lineamientos para Garantizar la Equidad entre los Participantes en la Contienda Electoral, sin embargo no regula los gastos que los aspirantes a cargos de elección popular hagan en giras, mítines o reuniones.
Los consejeros votaron a favor de esta norma a pesar de las exigencias del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano de posponer la discusión otra vez, ayer se declaró un receso para añadirle algunos temas relacionados con servidores públicos, al considerar que está “incompleto” y censura la libertad de expresión.
En este nuevo documento se prohíbe que todos los aspirantes hagan promoción política de su precandidatura o candidatura antes de los plazos previstos legalmente, cualquiera que sea el medio que se utilice para su difusión, “a fin de que evitar que se influya indebidamente en el electorado”.
Sin embargo, PRD, Morena y Movimiento Ciudadanos insistieron en que se frena a la mayoría de los candidatos, menos a los servidores públicos del “PRI-gobierno”.
En la sesión, Juan Miguel Castro, representante de Movimiento Ciudadano, planteó que estos lineamientos no servirán para frenar propaganda anticipada que realizan presidenciables como el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que ha aparecido en los últimos días en diversos programas de radio y televisión.
Fernando Vargas, representante del PRD, señaló que este acuerdo lejos de ser “un acuerdo de piso parejo”, como lo denominan los consejeros electorales, debería conocerse como “acuerdo levadura”.
Planteó lo anterior, porque desde su consideración la norma busca enclaustrar a diversos presidenciables, porque los aspirantes “del oficialismo no levantan. Se manda a enclaustrar a personas públicas despojándolos de derechos fundamentales para permitir posicionar a personajes como Meade, Videgaray, Osorio y Nuño”.
A petición de la consejera Pamela San Martín se hicieron diversas adiciones relacionadas con restricciones en la presentación de informes de parte de servidores públicos y legisladores y hubo el compromiso de enriquecer el acuerdo que se emite en cada procesos electoral para promover la neutralidad de los gobiernos en el uso de los recursos públicos.
