Ciudad de México.- De julio de 2013 –cuando entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita– a mayo de 2017, el Servicio de Administración Tributaria ha reportado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 60 “casos de indicios” de lavado de dinero proveniente de tráfico de drogas, extorsión, corrupción, prostitución, defraudación fiscal, falsificación de dinero, tráfico de armas, tráfico de mercancías robadas, tráfico de personas, falsificación documental, contrabando, secuestro, y delito ambiental, y que podrían tener como destino el financiamiento al terrorismo, informó el Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT, Raúl Joel Díaz Pérez.
Advirtió que el lavado de dinero es una de las actividades que más afectan a los países, porque con ello se incrementan el narcotráfico, la extorsión, la corrupción y la evasión fiscal; se debilita el sector privado legítimo, genera inestabilidad económica y florecen la delincuencia organizada nacional e internacional, incluidos el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, asuntos todos que combate el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que México forma parte y atiende y ejecuta recomendaciones desde el año 2000.
Comentó que el GAFI ha hecho más de 40 recomendaciones a los países miembros para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, entre los que destaca un marco legal que incluya medidas preventivas para el sector financiero y otras actividades vulnerables; responsabilidades, delitos y sanciones; mejorar la transparencia e intercambio de información; facilitar la cooperación internacional; identificar los riesgos, desarrollar políticas y procedimientos.
En México el Poder Legislativo aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012, entró en vigor el 17 de julio de 2013, y entre otras cosas establece la obligación del SAT para establecer sanciones administrativas, ejercer funciones de regulación y supervisión, generar reportes, e identificar clientes.
Vulnerables
Informó que el SAT integró un padrón conformado por 64 mil 468 personas que, en suma, realizan 72 mil 647 actividades empresariales vulnerables, y que, por ese hecho, son sujetos obligados por ley a identificar a sus clientes y a reportar ante el organismo fiscalizador las operaciones que realicen con dinero en efectivo, en monto mayor a los umbrales permitidos por la norma.
De ellas, 18 mil han omitido sus obligaciones por lo que el SAT ejerce acciones de vigilancia contra 16 mil 560 causantes.
