Ciudad de México.- El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) enmudeció por decreto, debido a que no se autorizó una dirección general de comunicación social.
Tampoco se le aprobó contar con una dirección de desarrollo tecnológico, a pesar de que tiene la obligación de desarrollar una plataforma digital.
El 21 de julio pasado, el Diario Oficial de la Federación publicó la estructura administrativa del SNA, en el cual no aparece una dirección de comunicación social que sí estaba en el proyecto original, presentado por el Comité de Participación Ciudadana que preside Jacqueline Peschard.
Según el Comité Coordinador —integrado por diversas instituciones como la PGR, el Consejo de la Judicatura y el Comité de Participación Ciudadana—, el SNA carece de la dirección de comunicación porque las instituciones que conforman el nuevo sistema tienen un área similar.
Sin embargo, el nuevo sistema se queda sin el mecanismo propio para dar a conocer el trabajo que realice y no tendrá una estructura para diseñar la difusión de la estrategia nacional anticorrupción.
Incluso, puede generarse una dinámica viciada de origen, si el sistema detecta corrupción en las instituciones que conforman el Comité Coordinador y no pueda informarlo.
SNA nació mudo y con estructura coja
En su organización administrativa no se consideraron cinco direcciones generales, incluida la de Comunicación Social.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) nació enmudecido, porque no le aprobaron la creación de una Dirección General de Comunicación Social, con lo cual no tendrá mecanismo alguno para dar a conocer el trabajo que realice, ni contará con una estructura propia para diseñar y planear la difusión de la estrategia nacional para prevenir los actos de corrupción.
Pero tampoco tendrá una Dirección General de Infraestructura Tecnológica, con lo cual, la Plataforma Nacional Digital que está obligado a desarrollar y administrar, donde se mostrará toda la información de los servidores públicos, no estará bajo su control.
El pasado 21 de julio, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la estructura administrativa aprobada para el SNA, en el cual no aparece una Dirección de Comunicación Social, que sí estaba en el proyecto original presentado por el Comité de Participación Ciudadana, que preside Jacqueline Peschard, como lo demuestra una copia obtenida por Excélsior.
De acuerdo con la información proporcionada, el SNA no contará con una dirección encargada de su comunicación con la sociedad, porque la lógica aplicada por el pleno del Comité Coordinador, que es la máxima autoridad colegiada del Sistema, es que todas las instituciones que conforman el Sistema cuentan con una dirección de comunicación social y pueden actuar como auxiliares de este organismo.
Pero de esta forma, el SNA no tendrá forma de decidir los tiempos en que emite la comunicación de su trabajo hacia la sociedad, incluso puede generarse una dinámica viciada de origen, si el Sistema detecta algún acto de corrupción en las instituciones que conforman el Comité Coordinador y no pueda darlo a conocer, porque esas mismas instituciones determinarán la forma en que darán a conocer el trabajo.
De acuerdo con el Anteproyecto de la Estructura y Organización Administrativa de la Secretaría Ejecutiva del SNA, cuya copia posee Excélsior, el organismo solicitó dos unidades: de Riesgos y Política Pública, y de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital, así como ocho direcciones generales: de Administración; de Asuntos Jurídicos; de Comunicación Social; de Diseño, Planeación y Evaluación de Políticas Públicas; de Infraestructura Tecnológica; de Seguimiento y Análisis de Riesgos; de Sistemas y Operaciones, y de Vinculación Interinstitucional.
Sin embargo, el Comité Coordinador le aprobó las dos unidades, pero sólo tres direcciones generales: de Administración, de Asuntos Jurídicos y de Vinculación Interinstitucional, según la publicación del DOF, del acuerdo que le da forma a la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción.
De esta forma, el Sistema carecerá de su propia Comunicación Social; de la instancia que le ayude al Diseño, Planeación y Evaluación de Políticas Públicas; de la que desarrollará la Infraestructura Tecnológica, de Seguimiento y la encargada del Análisis de Riesgos, de Sistemas y Operaciones.
Según la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité Coordinador del SNA está obligado a “establecer una Plataforma Digital que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que el Comité Coordinador pueda establecer políticas integrales, metodologías de medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan evaluar las mismas.
“Establecer una Plataforma Digital Nacional que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que las autoridades competentes tengan acceso a los sistemas a que se refiere el Título Cuarto de esta Ley”, y al negarle la creación de la Dirección General de Infraestructura Tecnológica, la Plataforma Digital no estará en manos del Sistema, cuyo corazón es la Secretaría Técnica, sino de las instituciones que la conforman.
El rechazo a la creación de estas direcciones generales fue del Órgano de Gobierno del SNA, integrado por el Comité Coordinador, que está formado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Consejo de la Judicatura, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Tribunal de Justicia Administrativa y el Comité de Participación Ciudadana, cuya presidenta, Jacqueline Peschard, fue la encargada de presentar el anteproyecto de estructura, que no fue aprobado.
