Los homicidios en contra de los periodistas, han sido una práctica frecuente en la historia política de México. No hay entidad federativa que escape a este recurso, como método de desaparición de comunicadores comprometidos con sus principios y valores, convertidos en observadores críticos del poder, los cuales terminan sus vidas golpeados, amedrentados, secuestrados y finalmente asesinados.
A lo largo de la historia, la existencia de cacicazgos regionales, como por ejemplo, el de Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí, quien después de finalizar su mandato como gobernador, siguió dominando, en la práctica el estado. Además de controlar los poderes fácticos de San Luis Potosí, como los sindicatos y el PRI regional, también ejerció un dominio absoluto sobre la prensa local. Su célebre concepto de “la moral, como un árbol que da moras”, le ha permitido convertirse en un símbolo de la corrupción en la política mexicana.
Veracruz y Guerrero, han sido dos entidades federativas, cuyos diferentes gobernantes, a lo largo del siglo XX y XXI, se han ganado a pulso, la condena, el reclamo y el repudio de sus gobernantes, por sus acciones agresivas en contra del gremio periodístico.
Veracruz, en particular, durante los gobiernos de Miguel Alemán Valdez y Adolfo Ruiz Cortines, han pasado a la historia por las mismas políticas violentas, dirigidas al exterminio sistemático de comunicadores valientes, honestos y comprometidas con su quehacer periodístico.
Datos recientes, recogidos de acreditada fuente informativa—Artículo 19—permiten presentar un reporte estadístico relacionado con los asesinatos de informadores en el país y en algunos de sus estados.
“En México, en 17 años suman ya 109 periodistas asesinados. El periodo de Felipe Calderón es el que más homicidios tiene: 49; los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte, en Veracruz, son los que más casos registraron.”
“Con respecto al gobierno actual, encabezado por Enrique Peña Nieto, en los primeros cinco años de gobierno éste ha tenido 35 asesinatos, Fox, 12, y Calderón, 39, indica la información de Artículo 19.”
Los años con más ejecuciones han sido 2006, 2008 y 2009, con 10 cada uno, y 2016 con 11 casos; entre estos 41 casos destaca el de José Manuel Nava, exdirector del diario Excélsior, quien la mañana del 16 de noviembre de 2006 fue hallado muerto a puñaladas en su departamento de la colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc, señala la misma fuente.
“En lo que respecta a las entidades con más asesinatos, la información indica que, por sexenio: con Fox, Tamaulipas y Veracruz reportaron más crímenes con 6 y 4, respectivamente. Con Calderón fueron Veracruz, con 10, y Guerrero con 8. Con Peña Nieto, Oaxaca tiene 9 y Veracruz 8. En Tamaulipas, entre 2010 y 2014, fueron asesinados 13 reporteros. Así, los gobiernos de Fidel Herrera (2004-2010) y Javier Duarte (2010-2014) hicieron de Veracruz la entidad con más periodistas asesinados en los últimos 17 años al sumar 22, de acuerdo con la información de Artículo 19. En Tamaulipas, entre 2010 y 2014, fueron asesinados 13 periodistas.
Un asesinato, ocurrido el 28 de julio de 1960, en tierras veracruzanas, ilustrará mejor, la presente colaboración. Aquí, la información.
Alberto J. Altamirano, nació en 1928 en el estado de Oaxaca. Hizo sus estudios de educación primaria en Cuichapa, Veracruz, destacando por su aplicación y talento. En 1950, casado y con un hijo, es atraído por el recientemente descubierto campo petrolero de Poza Rica, Veracruz, lugar donde migró, buscando nuevos horizontes laborales.
Al poco tiempo incursionó en el campo del periodismo y en asociación con otros compañeros instalaron el periódico “El Diario”, convirtiéndose al mismo tiempo en corresponsal de los periódicos capitalinos “El Zócalo” y “Excélsior”. El informador, murió asesinado por causas políticas, la noche del 28 de julio de 1960.
El periódico el “Diario de Poza Rica”, se ubicaba en la colonia “Merino” —hoy conocida como 27 de septiembre—esa noche, al terminar su colaboración, el joven comunicador atravesó el boulevard Adolfo Ruiz Cortines, con dirección a la acera opuesta, iba a tomarse un refresco, en la cafetería cercana.
Al terminar, regresó y en lugar de entrar al periódico, siguió su camino como si fuera a la calle Cuba, a la mitad de la cuadra, en la acera izquierda, iniciaba una cuartería, tocó la primera puerta y fue lo último que hizo, porque enseguida sonaron cinco balazos, todos ellos dirigidos contra su humanidad. El hombre chaparro, vestido de obrero petrolero, corrió hacía la calle Cuba, perdiéndose en la oscuridad.
En el lugar del artero crimen, los gritos de Magdalena Garay Peruyero—amante de Altamirano—se perdieron en esa noche de luna, de la misma forma que la vida de un hombre escapaba hacia el infinito.
Altamirano, ejerció un periodismo valiente, audaz y arriesgado, dirigido a cuestionar la conducta pública de los hombres del poder, tal y como lo fueron en su momento, Jaime J. Merino, Pedro Vivanco García y Manuel Salas Castelán.
El primero, superintendente del distrito petrolero de Poza Rica y cacique local, los otros dos, líderes sindicales de la sección 30 de Poza Rica, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana—STPRM—.
El municipio de Poza Rica, se instituyó el 20 de noviembre de 1951, y desde entonces, era ya una tierra de caciques, donde imperaba la ley del más fuerte. En esta colectividad, el pistolerismo, fue un oficio muy solicitado. Así lo evidenció la “Masacre del 6 de octubre de 1958.” Un suceso donde hombres ligados a la mafia sindical petrolera, demostraron su lealtad, disparando sin piedad, sobre un contingente de manifestantes que protestaban por la imposición de Manuel Salas Castelán en la Presidencia Municipal.
El violento crimen contra el reportero, provocó fuertes repercusiones en el Poza Rica convulso y agitado de aquel tiempo, y tuvo especial resonancia en el país, a través de la prensa de circulación nacional y estatal, quienes mostraron un marcado interés por ventilar el caso, y con ello, exhibir los nexos políticos remanentes del otrora hombre fuerte de Poza Rica: Jaime J. Merino.
En el caso de Poza Rica, fue necesario destituir a los miembros del ayuntamiento, quitando al presidente Municipal Manuel Salas Castelán y a todo el cuerpo edilicio, porque desde el principio, se desconfió del líder de la comuna, en cuanto al manejo imparcial de las investigaciones policiacas. En su lugar, se estableció un Concejo, presidido por el Ing. Luis Vázquez O Farril.
El líder petrolero nacional del STPRM, miembro de la sección 30, Pedro Vivanco García, sufrió un linchamiento mediático oprobioso, al ser considerado, junto con Manuel Salas Castelán, como los principales sospechosos de la autoría intelectual del crimen, acusación sostenida durante el desarrollo de las investigaciones, pero que, finalmente, nunca se les pudo probar.
La prensa nacional, palpó el ambiente de irritación colectiva prevaleciente entre la ciudadanía pozarricense por el crimen. Comprendió mejor el momento, cuando atendiendo a los antecedentes, supo de la insurrección cívica de 1958, causada por el fraude electoral que llevó a Manuel Salas Castelán a la silla municipal y terminó trágicamente el 6 de octubre cuando los “Salas-Vivanquistas”, atrincherados en el recinto sindical, dispararon contra un grupo de manifestantes, matando un número indeterminado de personas. Manuel Salas Castelán, finalmente impuesto, tomó posesión del ayuntamiento. El 28 de julio de 1960, el asesinato del periodista Altamirano, lo obligó a renunciar.
El crimen: causa pasional o política.
Motivo pasional. Juan Tello González excuñado de Magdalena Garay Viuda de Tello. Habría ordenado la muerte del periodista por meterse a ayudar a que la madre se quedara con el hijo, convirtiéndose en amantes.
El principal sospechoso de la autoría intelectual del crimen, era un destacado miembro de la clase política local, presidente del PRI y al mismo tiempo, administrador del Mercado Poza Rica, a quien el periodista doblegó con base en denuncias públicas sobre ventas ilícitas de locales comerciales en el Mercado Poza Rica.
La causa política, era avalada por periodistas locales, compañeros del fallecido, quienes sabían de las ofertas de trabajo y cuenta en el banco hechas por Pedro Vivanco García a Altamirano.
La hipótesis política, se robusteció cuando la viuda de Altamirano, declaró ante las autoridades que: “Alberto, en mayo último me platicó cómo Vivanco lo había querido acallar ofreciéndole dinero, dinero que él, mi esposo, rechazó porque decía que era un periodista y un periodista jamás debe permitir el soborno a cambio de su silencio.”
Víctor Messeguer, periodista del vespertino local “La Tarde”, fortaleció la tesis de crimen político cuando declaró el sábado 30 de julio de 1960 al periódico el Mundo de Tampico: “Alberto J. Altamirano fue asesinado porque tenía pruebas de los crímenes ordenado por Jaime J. Merino y Pedro Vivanco García y Manuel Salas Castelán.” Agregó que: “Altamirano, fue el único periodista presente en la Sección 30 el día 6 de octubre de 1958, y como testigo presencial de la masacre ordenada por ellos, podía señalar a los pistoleros que la realizaron; para evitar que los denunciara, fue asesinado.”
Por eso y por su actitud osada, Altamirano era el mejor testigo de cargo y al mismo tiempo el enemigo más peligroso para la nueva generación de líderes sindicales llamados “Charros” por su inclinación a ceder la iniciativa política al patrón en todo tipo de conflictos sindicales.
Las indagatorias realizadas por las autoridades locales primero, estatales después y federales al final, los llevaron a considerar la entrega hecha por Altamirano, al presidente de la República Adolfo López Mateos, de un pliego acusatorio donde se narraban los atropellos, crímenes y abusos de autoridad, cometidos por el grupo Merino Vivanquista. La entrega ocurrió el 20 de julio de 1960
¿El crimen, causa pasional o política? Motivo pasional. Juan Tello González excuñado de Magdalena Garay Viuda de Tello. Habría ordenado la muerte del periodista por meterse a ayudar a que la madre se quedara con el hijo, convirtiéndose en amantes. El principal sospechoso de la autoría intelectual del crimen, era un destacado miembro de la clase política local, presidente del PRI y al mismo tiempo, administrador del Mercado Poza Rica, a quien el periodista doblegó con base en denuncias públicas sobre ventas ilícitas de locales comerciales en el Mercado Poza Rica.
Finalmente, el 18 de agosto de 1960, los medios de comunicación locales, estatales y gran parte de los nacionales, informaron de la consignación de los obreros petroleros Ignacio Neri Soberanes y Juan Herrera Trejo como autores materiales de la muerte de Altamirano. Además, se estableció que Nicolás Tello González y Leonides Barra García, fueron los responsables intelectuales del mismo crimen.
