Buenos Aires.- En un clima crispado, como lo evidenció la multitudinaria marcha de los organismos de derechos humanos que el viernes reclamaron al gobierno por la desaparición, en la provincia de Chubut, del joven Santiago Maldonado, este domingo más de 33 millones de argentinos podrán participar de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que se definirán los candidatos que se enfrentarán en los comicios legislativos de octubre próximo.
La mirada está puesta en la provincia de Buenos Aires y en esta capital, que concentran casi 15 millones de votos para establecer las candidaturas que finalmente se enfrentarán en octubre. En la primera se renuevan tres bancas del senado y las figuras preponderantes son la de Cristina Fernández de Kirchner (Unidad Ciudadana,) Esteban Bullrich (Cambiemos), Sergio Massa (1 País), Florencio Randazzo (Partido Justicialista) y otras de la izquierda trostkista como Néstor Pitrola, Vilma Ripol y Fernando Pino Solana (Creo). También se renuevan 35 bancas de diputados.
Es en la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande del país, donde más afectó la política económica y social del gobierno del presidente derechista Mauricio Macri, aunque los millones de desempleados y la existencia de 2 millones de nuevos pobres, así como los tarifazos y la galopante inflación que se disparó en las últimas horas por el incremento en el valor del dólar, han afectado a todo el país.
No faltará tampoco la manu militare en estas elecciones primarias y en las próximas, ya que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dispuso un operativo en las fronteras para evitar que voten los que no viven en el país y terminar con una metodología derivada del clientelismo, como asegura.
Así, ha desplegado efectivos en todos los pasos del litoral, lo que significa que miles de argentinos que viven o están en cualquiera de los países fronterizos y quieran regresar a votar no podrán hacerlo. Según la nueva disposición, deberán presentarse en los consulados. Para Bullrich, “no se pude decir ‘voy a cruzar un río y voto porque total estoy enfrente del país’”, y aclaró que “la prefectura nos ha remitido cartas oficiales donde piden que por favor dejen votar a personas que viven en Paraguay… pero hemos decidido que no va a pasar nadie que no cumpla los pasos formales”.
También aseguró que van a revisar los autobuses para ver quiénes están en condiciones de pasar y quiénes no.
Sin embargo, lo más grave en este escenario es la conmoción por lo sucedido en la provincia sureña de Chubut, donde la gendarmería reprimió brutalmente a la comunidad mapuche el pasado primero de agosto, con el duro final de la desaparición de Santiago Maldonado, quien los acompañó en su demanda por las tierras que les robaron, desatando la peor pesadilla.
La movilización del viernes en realidad fue el verdadero cierre de esta campaña, una de las más sucias mediáticamente, ya que los grandes grupos de medios de comunicación privados responden al gobierno actual, e incluso se han prestado para tratar de encubrir esta desaparición forzada, como se la ha calificado aquí.
Macri habló por primera vez el mismo viernes, a 10 días de la desaparición de Maldonado, y a pesar de que se denunció la lentitud con que actuó el gobierno, lo que llevó a la Organización de las Naciones Unidas a reclamar al Estado argentino adoptar medidas urgentes.
El mandatario aseguró que desde su administración trabajan a destajo para tratar de ver qué es lo que pasó. No hizo ninguna referencia a la gendarmería pero sí acusó a la comunidad mapuche de no colaborar en la búsqueda y de hacer declaraciones con lineamientos poco democráticos y bastante violentos.
El analista Luis Bruschtein, del diario Página 12, opinó en la edición de este sábado: fuerzas represivas desafiantes, medios y periodistas oficialistas cómplices en el ocultamiento, funcionarios desviando la atención, y minimizando o justificando los hechos, expresiones de grupos sociales como la Sociedad Rural que exigen la defensa de sus privilegios con mano dura y así sucesivamente. Escenas que empujaron a una sociedad a asomarse otra vez al balcón de sus peores pesadillas de las que trata de alejarse en forma desesperada desde el retorno a la democracia.
También se refiere a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien habla de subversión mapuche en un caso de desaparición forzada, cuando el cargo de subversivo fue usado por la dictadura contra ella, cuando formaba parte de Montoneros para justificar la tortura y la desaparición.
Tanto Bruchstein como abogados especialistas en derechos humanos recuerdan que de esta manera justificaba la pasada dictadura sus crímenes contra la población, y en este caso actúa contra una comunidad que no representa ninguna amenaza real.
Asimismo, está comprobada la presencia en el lugar del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, quien fue el encargado de coordinar la represión. Antes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, Noceti era conocido como defensor de represores que violaron los derechos humanos durante la dictadura, acusados de secuestros y desapariciones forzadas señala Bruchstein. Noceti siempre estuvo en contra de los juicios a los responsables de delitos de lesa humanidad y milita en organizaciones que defienden a los ex dictadores.
Por todo esto es que se responsabiliza al gobierno de Macri, cuyos funcionarios han hecho declaraciones aberrantes en este caso, y a la ministra Bullrich, cuya renuncia se exige por la desaparición de Maldonado y de las maniobras para encubrir el hecho.
A esto se añade que el gobierno oficialista de Gerardo Morales en Jujuy y la justicia de esa provincia no cumplieron con el plazo de 15 días que dispuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de las Naciones Unidas para que se liberara o enviara a su domicilio a la dirigente social Milagro Sala, presa desde enero de 2016.
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat dijo que el plazo se cumplió a la medianoche del viernes y confirmó que la condena internacional que habrá sobre Argentian será con sanción patrimonial y exclusión ya que la orden de la CIDH no se puede incumplir, es inexorable.
