Cuernavaca, Morelos.- La nueva sede del Congreso local se construye con recursos del Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) de 2016 y no con el crédito de 2 mil 806 millones de pesos que autorizaron los diputados de la 52 Legislatura al gobernador Graco Ramírez en 2013. Según el mandatario, al menos 500 millones de ese présatamo iban a destinarse a construir dicho inmueble, sostuvo el dirigente de la Coordinadora Morelense de Movimientos Civiles (CMMC), Gerardo Becerra.
Por este engaño a todos los morelenses, la agrupación presentó una tercera denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades en contra de Graco Ramírez y de la ex secretaria de Hacienda Adriana Flores Garza, actual contralora del gobierno estatal.
La actuación de ambos ocasiona daños en agravio de los ciudadanos y del erario de la entidad, dice la denuncia que interpuso la CMMC.
La organización demanda que Graco Ramírez explique en qué se gastaron los 500 millones de pesos que le prestó el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para la edificación de la sede del Poder Legislativo y por qué ahora, según documentos de la Secretaría de Obras Públicas de la administración estatal, obtenidos por la CMMC, la obra se realizará con recursos del gobierno de Morelos y costarán 360 millones 962 mil 889 pesos.
Ahora que el inmueble se construye con recursos estatales, el costo de la obra disminuyó de 500 a 360 millones de pesos. Por ello, Gerardo Becerra sostiene que Graco Ramírez engañó a los diputados de la pasada legislatura, quienes autorizaron el crédito de 2 mil 806 millones de pesos, de los cuales 500 serían para dicho propósito.
De acuerdo con la CMMC, las obras, que se iniciaron en mayo de 2016, fueron adjudicadas por licitación pública a la constructora AGO Operadores.
La nueva sede del Legislativo estará en la calle Felipe Gándara, colonia Vergel, a una cuadra del mercado central de Cuernavaca Adolfo López Mateos.
El dirigente de los comerciantes, Emilio Rosas Rico, ha rechazado la construcción del edificio con el argumento de que las vías de acceso son muy reducidas y los servicios de agua, drenaje, seguridad y alumbrado público son precarios en esta zona.
Este año la obra ha sido suspendida en dos ocasiones (en enero y en junio) por el gobierno municipal, a cargo de Cuauhtémoc Blanco Bravo, por carecer de licencia de construcción.
