El tamaulipeco Felipe Solis Acero fue en encargado de entregar el Quinto Informe del presidente Enrique Peña Nieto a la cámara de diputados. Aunque estaba previsto que la entrega del documento estuviera a cargo del secretario de gobernación Miguel Angel Osorio Chong, no sucedió así. La caja con el contenido de documentos correspondientes a la jornada anual del trabajo, gestiones, retos y desafíos de la presidencial mexicana fue recibida por los legisladores Mauricio Farah y Jorge Ramírez Marín en calidad de secretario y presidente de la cámara baja. Solis se desempeña como subsecretario de enlace legislativo y acuerdos políticos de la secretaría de gobernación.
Según la fracción del PRI, la presidencia decidió cambiar de emisario de última hora. En respuesta a que los legisladores no alcanzaron un acuerdo para integrar la mesa directiva que recibiría el documento del informe presidencial.
Asimismo filtraron a la prensa nacional la especie de que la falta de acuerdo se debe a la disputa interna que hay entre el ex presidente panista Felipe Calderón Hinojosa y Ricardo Anaya dirigente nacional del Partido Acción Nacional. De acuerdo a esa versión, fue el motivo por el cual no asistió el secretario de gobernación a la entrega formal del documento.
Si eso sucede en la máxima tribuna del país, donde se privilegian los acuerdos, se generan las leyes y reglamentos, que dan certidumbre a la vida nacional, que sucederá en los círculos del poder, que no están a la vista de los mexicanos.
En caso de que fuera real la versión de los priístas. Es lamentable, que los legisladores cedan a ese tipo de chantajes. Pues más allá de que el informe pudiera tener contenidos de relevancia o no, es un asunto de formalidad.
Pero sobre todo, porque está en los contenidos de la Constitución Mexicana y se busca dar cumplimiento al artículo de la carta magna. Y solo por eso, motiva el reclamo enfado y malestar de los constitucionalistas.
Sobre todo porque la cámara de diputados es una instancia donde se generan las leyes que rigen la vida de los mexicanos. Y si los propios legisladores son los primeros en incumplir con decoro, un trámite establecido en la constitución. Qué se puede esperarse de quienes no tiene una responsabilidad similar.
El problema de este país, es que los acuerdos se dejaron de cumplir. Y lo demás que acontece en el entorno nacional, pudiera ser resultado de la misma conducta. Inspirados en la desfachatez de los legisladores.
Quizá por ese motivo, conforme la civilidad cobra relevancia en la vida de los pueblos y ciudades del país, aumenta la irreverencia hacia el resto de los entes públicos del Estado mexicano.
Ante todo, cobra fuerza el repudio hacia el sistema partidista, ya que se ha visto en las últimas décadas que la intransigencia de los institutos políticos, son una de las inercias que demandan un contrapeso de la civilidad.
En otro orden, ayer el tribunal de juicios orales declaró culpables a dos ex elementos de la policía estatal acreditable, que fueron vinculados al proceso TJ003/2017, por la muerte del joven tulteco Cristian Reyna Ortiz. Quien murió a consecuencia de impactos de bala.
Los ex policías disponen de cinco días para que su defensa presente una inconformidad, en caso de no estar de acuerdo con lo dictaminado por los tres jueces que conocen del proceso.
Asimismo, los jueces del tribunal del juicio oral, presentarán en sesión a celebrarse el próximo lunes, la explicación de la sentencia, así como la reparación del daño. Lo que no quiere decir que allí concluya el proceso, porque la defensa de los ex agentes tiene derecho a inconformarse. Que así lo harán, según reveló el defensor.
