La primer denuncia por presuntos actos de corrupción que ha conocido la Fiscalía Especializada Especializada en Combate a la Corrupción que preside el prestigiado victorense Javier Castro Ormaechea, es la misma que presentaron los docentes inconformes contra el dirigente de la Sección 30 del Snte Rigoberto Guevara Vázquez, encabezados por la presidenta del sindicato independiente de la trabajadores de la educación de México que encabeza la profesora sanfernandense, Alma Delia Ortiz Arroyo.
Este es el preludio de otros actos que de oficio la autoridad educativa trae en su agenda de trabajo y, que responde no a una “cacería de brujas”, sino al ejercicio transparente de la administración de los recursos. Y que por lo mismo se advierte la posible quiebra de empresas que al amparo del Snte hizo jugosos negocios, que también beneficiaron al dirigente sentista.
La punta de lanza fue el organismo sindical de referencia, que obtuvo una resolución favorable para que en los cheques federalizados que administra el Estado, correspondientes a miles de agremiados de ese organismo, se les suspendieran los depósitos que durante décadas anteriores estaban etiquetados para la Sección 30. Y a partir de la primera quincena de septiembre están etiquetados para los afiliados al gremio de nueva creación.
Aunque pareciera que tiene un fondo político, en este caso se trata de asuntos relacionados también con la presunta evasión fiscal de las empresas, que comercializan artículos para los hogares de los docentes, intendentes, personal administrativo de los planteles educativos y personal adscrito a tareas burocráticas de la Secretaría de Educación. Y que derivó en que la sección magisterial y los planteles donde laboran el magisterio tamaulipeco se convirtiera en un “mercado ambulante” más.
Por ese motivo, la idea es depurar los cargos de los cheques expedidos por la Secretaría de Educación que son ajenos a la docencia. Y por lo mismo se advierte el fin de los comodatos e intercambios y demás trafiques, que durante décadas han sido el principal negocio de los dirigentes sindicales, no se diga del actual secretario de la sección 30.
Esta nueva política administrativa no es precisamente porque el Partido Nueva Alianza o Panal como se le conoce, esté en contra de Acción Nacional. Ya que fue el primero en sumarse por motu propio en el Congreso tamaulipeco a las iniciativas del PAN.
Es por lo mismo, un ejercicio propio de gobernabilidad, en el que convergen instancias de los tres poderes del Estado, pero ante todo el gabinete estatal en plena expresión.
En otro orden la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación declaró infundada una inconformidad del Partido Acción Nacional que pretendía remover a los consejeros electorales del Instituto Electoral Tamaulipeco. El acuerdo confirma el trabajo del organismo electoral en la selección de los integrantes de consejos municipales y distritales, que organizarán las elecciones del próximo año en los municipios y distritos de la geográfica tamaulipeca.
Mientras que algunos estados de sureste y centro del país enfrenta la contingencia de dos sismos, en los límites de Tamaulipas y Nuevo León la coordinación estatal de protección civil a cargo de Pedro Granados declaró en emergencia esa región y se habilitó una ruta alterna para el cruce de los vehículos de carga, por el desbordamiento de El Arroyo “El Salado”. Y de esa manera dar cauce al intercambio del comercio internacional.
