Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Miles de profesores afiliados al sindicato independiente de trabajadores de la educación de México, exigió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que agilice una denuncia presentada en contra de Rigoberto Guevara Vázquez dirigente de la Sección 30 del Snte, por los delitos de robo, fraude y abuso de confianza en agravio de docentes de los 43 municipios tamaulipecos. Asimismo reclaman la devolución del 1 por ciento de las cuotas de los agremiados a este organismo gremial, desde que fueron contratados por la Secretaría de Educación.
El Secretario General de la Sección 30 del Sindicato de Maestros en Tamaulipas, Rigoberto Guevara Vázquez, es señalado de desviar las cuotas sindicales de los maestros.
Alma Delia Ortiz Arroyo dirigente estatal de los demandantes indicó que presentaron y ratificaron la denuncia 1/2017 ante un fiscal del organismo de nueva creación, porque el dirigente seccional del Snte acapara las defunciones, becas, jubilaciones, permutas así como los recursos para que los profesores obtenga servicios gratuitos de oftalmología.
Los demandantes reclaman también la bonificación de sus aportaciones a la Sección 30 desde su ingreso al sistema educativo y argumentan que sus derechos fueron vulnerados por el Snte, por haber declinado en la defensa los derechos de los trabajadores y se apropio de las aportaciones.
Ortiz Arroyo oriunda del municipio de San Fernando dijo que a partir de la primera quincena de este mes de septiembre, el sindicato que preside en esta entidad, figura en los cheques de los miles de docentes afiliados a este nuevo gremio. Y que se espera suceda lo propio en los cheques de plazas federales.
La toma de nota de este organismo magisterial tuvo lugar en el mes de noviembre del 2016, por lo que los dirigentes estatales consideran que los docentes tamaulipecos disponen de otra opción para abatir prácticas de “amasiato” que han afectado los derechos de los docentes.
Entre los docentes que reclaman sus cuotas sindicales figuran maestros que laboran en el sistema educativo desde las décadas de los años 70 y 80 del siglo anterior. La denuncia 1/2017 fue presentada formalmente en el mes de julio del 2017 ante la fiscalía especializada, figura como la primer denuncia ciudadana.
