Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la adición a la Ley General de Salud con la cual avaló que funcionarios públicos del Sistema Nacional de Salud puedan hacer valer la “objeción de conciencia”, es decir, negarse a prestar algún servicio que vaya en contra de sus preceptos morales o religiosos, lo cual generó el primer diferendo en el Frente Ciudadano por México en San Lázaro, integrado por legisladores del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano.
La adición se avaló con 310 votos favorables del bloque PRI y PAN; 105 votos en contra de diversos diputados del PRD, entre ellos del líder de la bancada, Francisco Martínez Neri, y de diputados de MC. Asimismo, hubo 26 abstenciones, incluido Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano.
Al argumentar en favor del dictamen, el panista Jorge Triana cuestionó a la bancada del PRD y resaltó que “partidos que se dicen liberales” quieren coartar una libertad personal, básica, inalienable, que es decidir de acuerdo a “lo que se nos pegue la gana”.
“Si la libertad de conciencia emana de un asunto religioso, ético o moral es un asunto que a nosotros no nos importa, porque todos podemos hacer lo que queramos en el marco de la ley, siempre y cuando no perjudiquemos a otra persona, y no atentemos contra la vida, contra la libertad y contra la propiedad de otro mexicano”, afirmó.
La diputada Cecilia Soto, del PRD, en una postura férrea en contra de la propuesta, señaló que además de representar un riesgo para la salud de los pacientes, se abre la puerta a que criterios religiosos normen la política de salud pública en un país laico.
“Se crea un problema para la Secretaría de Salud en materia de presupuesto y se dan armas… y se dan armas, aun así, se dan armas a una serie de personas que pueden tener objeciones de conciencia realmente que no tienen que ver con la salud de los pacientes”, recalcó la perredista.
El PRI y Encuentro Social, su aliado, apoyaron esta vez a la bancada panista para garantizar los derechos humanos de los servidores públicos que, con el derecho de objeción de conciencia, puedan excusarse de participar en la prestación de servicios, siempre que no se ponga en riesgo una vida o se trate de una emergencia médica.
“Somos sabedores de la pluralidad ideológica que caracteriza a la sociedad mexicana; estamos convencidos que asegurar la salud y la libertad no son medidas excluyentes, sino, por el contrario, es una acción más en favor de la inclusión y el respeto”, resaltó el diputado priista Pedro Luis Noble.
Se aprobó que el derecho a la objeción de conciencia estará supeditado a no poner en riesgo la salud o la vida de un paciente y a que no constituya un delito; en ese caso, el servidor público incurrirá en causal de responsabilidad profesional.
