La sesión ordinaria del Congreso tamaulipeco achico la comparecencia del procurador Irving Barrios Mojica, quien de entrada fue embestido por los cuestionamientos del ex dirigente del PRI Rafael González Benavides. Esta vez solo hubo mallas de seguridad para la secretaria de turismo María Isabel Gómez Castro, pero que también ofreció una entrevista a prensa. Sin embargo, el caso del ex gobernador Eugenio Hernández Flores opaco otros contenidos generados en la sede del poder legislativo. Incluida la conferencia de prensa y magistral del ex magistrado del poder judicial del poder judicial de la federación Salvador Nava.
En el último minuto de la sesión ordinaria donde los legisladores locales aprobaron cinco dictámenes, de los cuales tres fueron exhortos y como último punto antes de asuntos generales estaba la comparecencia del procurador Barrios Mujica. Quien en tono solemne expuso los avances de la dependencia y respondió cuestionamiento de los legisladores.
Como único participante en la lista de oradores en el punto de asuntos general el diputado Carlos García González también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso tamaulipeco, se encargó de la reseña histórica de las 1,600 hectáreas que el justiciable Hernández Flores adquirió en propiedad en el segundo año de su mandato.
Para entonces el orden en la sesión se había respetado, de acuerdo a la previa de las fracciones, los tiempos y el tono de los cuestionamientos para con el procurador. Pero cuando Carlos hace la narrativa del agandalle de las 1,600 hectáreas por el penúltimo y el antepenúltimo ex gobernador priísta.
Alejandro como resorte saltó de la curul, dejo el chateo de su celular, con el rostro enrojecido alzó la mano y se encamino a la tribuna que ocupaba el diputado García González, que en menos de tres minutos reseño los sexenios desde Cavazos Lerma hasta Hernández Flores en el marco del baile de las 1,600.
La presidenta del mes Ana Lilia Luevano de los Santos ignoro haber visto al legislador priísta y se encarrero a clausurar la sesión en atención a la instrucción de Carlos González que le indicaba con ambas manos en forma de tijera, “¡¡¡córtale córtale!!! ya se acabó”.
Etienne descompuesto, agitado e irritado alcanzó a revirar, aunque no le asistía el derecho para el uso de la tribuna ya que no ha solicitado participar ni fue aludido por el diputado Carlos, además la sesión había terminado.
No hice un pronunciamiento político sino un reclamo de garantías, los legisladores de otras fracciones incluida la diputada de Morena María de la Luz Castillo Torres había salido del pleno legislativo. Lo importante es que se respeten las garantías constitucionales. En alusión al caso Hernández Flores.
En una de las esquinas del pleno lo esperaban sus correligionarios Rafael González, el Junior Carlos Morris Torre y Anto Tovar, lo arroparon ya que Alejandro caminaba conmocionado. Como dice el refrán popular, le calentó las orejas que Carlos García haya rematado su intervención con la expresión. Hoy a más de 15 años hay quienes defienden lo indefendible.
Pero no le incomodaron los cuestionamientos de la diputada de Morena hizo al procurador en relación al caso Hernández, que el procurador Irving supo evadir con decoro.
Por cierto, el rancho Las Palomas Blancas que ayer cateo la fiscalía en busca de otros de los vinculados al proceso 14/2017 de la fiscalía especializada contra la corrupción, fue adquirido por Hernández Flores de su parienta doña Heladia Balboa Deangeline hija del ex gobernador tamaulipeco Praxedis Balboa, que denominaron al predio Rancho El Retiro, que originalmente tenía solamente 53 hectáreas.
De cuando Hernández fue diputado federal a ser gobernador lo nominó “El Laguito”, el predio se extendió de Victoria hasta el municipio de Güemez, adquirió un predio del ganadero Alfonso de la Llata quien pensionado de Pemex. También adquirió lotes del régimen ejidal del Ejido El Chamizal de Güemez. De manera que el predio colinda con las carreteras nacional México-Laredo con la carretera a Matamoros y Reynosa.
Este jueves será crucial para el cuerpo de abogados que encabezan la defensa de Hernández, lo mismo que para los ministerios públicos de la fiscalía especializada contra la corrupción, porque se espera el fallo para determinar la situación jurídica del justiciable.
