Desde el mes de enero del 2012 las autoridades federales ventilaron en los medios nacionales que los tres penúltimos ex gobernadores de Tamaulipas como son Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores estaban siendo investigados por la Procuraduría General de la República, los motivos eran vínculos con el narcotráfico e implicaciones en el asesinato del malogrado candidato priista Rodolfo Torre Cantú. El único en reaccionar fue el ex mandatario de “El Maharishi”, sus argumentos fueron en ese entonces que se trataba de una “guerra sucia” de los rivales políticos, como los priístas identifican a Acción Nacional.
Después de seis años, dos de los ex están detenidos y vinculados a procesos de carácter penal, uno en Florencia, Italia y otro en la Calzada de Tamatán de esta ciudad capital. Un tercero, como es Cavazos Lerma ha sabido maniobrar para no verse involucrado en los asuntos de sus sucesores.
A decir verdad, ambos son su hechura son la herencia que le dejó a Tamaulipas. A Yarrington lo proyectó desde la dirigencia estatal del PRI y lo acabo de fortalecer al designarlo como secretario de finanzas, de donde surgió como precandidato en la elección estatal de 1998.
Tuvo la osadía de haber burlado al entonces presidente de la república Ernesto Zedillo Ponce de León a quien le supo vender el proceso interno del Pri en Tamaulipas como un “laboratorio nacional” de su partido en el trámite de elegir candidato. Y retiró del camino a Diódoro Guerra y Marco Antonio Bernal, para favorecer a su “delfín” Yarrington Ruvalcaba, del que se arrepentiría un año después, cuando el huésped de Florencia encarceló a su amigo e intérprete de sus sueños, Pedro Hernández Carrizales.
Hernández Flores también se hizo en el laboratorio de “El Maharishi”. Lo creó como el antídoto, como el antitipo de Gustavo Cárdenas Gutiérrez -quien desafió desafío a Cavazos Lerma en el primer tramo de su administración, lo hizo huir a dar el grito de Independencia a Nuevo Laredo-. Lo extrajo del PAN porque meses antes de encabezar el comité de financiamiento del PRI estatal aún estaba registrado en la lista de militantes del partido albiazul.
Lo hizo candidato a diputado federal en la elección del 2000 cuando perdió Francisco Labastida Ochoa y Hernández Flores figuró como el coordinador del grupo Todos Unidos con Labastida, no concluyó como legislador ni como edil cuando ya era precandidato en el 2004 con el aval de su heredero Yarrington Ruvalcaba quien lo proyectó como prospecto a la gubernatura en el 2004, ganó la elección.
El historiador y escritor Carlos F. Salinas Domínguez vaticinó el día que fue electo Hernández Flores como gobernador. “Le espera un desastre administrativo a Tamaulipas para los próximos seis años”, vaticinó en un salón de un hotel de esta capital, luego de un informe de resultados del Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas. Esa información solamente se publicó en medios nacionales.
Ayer los cinco defensores del ex gobernador Hernández en fila y en forma ordenada desde la cerca perimetral argumentaron vicios en el proceso que se le sigue a su cliente, irregularidades del juez penal que conoce la causa penal 67/2017 que lo implica en el apropiamiento de 1,600 hectáreas en el Puerto Industrial de Altamira. Pusieron de relieve la presunción de inocencia, aunque la prensa no argumentó lo contrario. Invocaron el respeto a los derechos humanos, la politización del proceso y anunciaron un amparo.
Ni la autoridad ni la defensa revelaron que las dotaciones presidenciales de siete ejidos de Altamira como son Armenta, Altamira, La Pedrera, Ricardo Flores Magón, Medrano, Aquiles Serdán y Francisco I. Madero, siguen reclamando el pago correspondiente a la indemnización del gobierno federal, ya que resultaron afectados cuando se creó el Puerto Industrial de Altamira.
