El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República advirtió que, de acuerdo con distintos organismos internacionales, la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos no es una medida recomendable.
En su investigación “Gastos y fiscalización electoral en México: 1997-2017”, el IBD recordó que el objetivo de asignar fondos públicos a los partidos es evitar la influencia de agentes privados en decisiones legislativas o de gobierno.
Y es que, señaló, en otros países se han documentado relaciones de dependencia de candidatos y organizaciones partidistas hacia organizaciones privadas por buscar fondos para campañas.
Por otro lado, la investigación señala que las 15 iniciativas que se han presentado sobre este tema en el Congreso de la Unión, no toman en cuenta los problemas derivados del actual modelo de fiscalización y de los requerimientos presupuestales del INE.
Resalta que las multas asignadas a los partidos políticos resultan ínfimas ante las proporciones del presupuesto público que reciben en años subsecuentes, por lo que se requiere mejorar los métodos de fiscalización y revisar la proporcionalidad de las multas.
En este sentido, el IBD reveló que el esquema actual de multas, derivado de la revisión de sus informes anuales y de campaña, es insuficiente para disuadir a los partidos de conductas ilícitas, como obtener financiamiento de origen desconocido o gastar sin objeto partidista.
Además, aunque existen nuevas causales de nulidad para cualquier elección, como el rebase de topes de gasto de campaña, utilizar recursos públicos con fines electorales y el uso de dinero ilícito, el actual modelo de fiscalización no es suficiente para detectarlos.
