Washington.- Un juez federal de Hawái suspendió la aplicación de parte del último decreto antimigratorio del presidente Donald Trump, pero mantuvo el veto al ingreso de funcionarios de Venezuela y Corea del Norte a territorio de EU.
La decisión del juez Derrick Watson suspende el decreto presidencial que prohíbe el ingreso de ciudadanos de Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen.
Como el fallo de Watson no analizó específicamente las razones del bloqueo a funcionarios venezolanos y norcoreanos, se mantiene el veto a la entrada de esos nacionales.
El nuevo decreto migratorio —el tercero firmado por Trump, ya que los anteriores también fueron bloqueados por la justicia— debía entrar en vigor mañana.
El 24 de septiembre, Trump emitió una nueva versión de su tentativa de cerrar las fronteras del país a ciudadanos de determinados países de mayoría musulmana, pero sorprendió al incluir en el decreto a funcionarios de Venezuela, que son objeto de sanciones específicas.
Ayer, el juez Watson consideró que esta tercera edición “sufre del mismo problema” que la versión anterior: “No demuestra que el ingreso de más de 150 millones de personas de seis países sería un perjuicio a los intereses de Estados Unidos”.
Este nuevo tropiezo para las pretensiones de la Casa Blanca de cerrar las puertas a ciudadanos de países de mayoría musulmana deberá ser objeto de una apelación, ya que el propio Presidente adelantó que está dispuesto a llevar el caso hasta la Suprema Corte.
El máximo tribunal estadunidense llegó incluso a dar una opinión favorable al segundo decreto, pero ya cuando el plazo de aplicación de las medidas había expirado.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, criticó la “orden peligrosamente defectuosa” del juez, que “socava los esfuerzos del Presidente para mantener seguro al pueblo estadunidense”.
“El Departamento de Justicia defenderá vigorosamente la medida legal del Presidente”, aseguró en un comunicado Sanders, que auguró que el sistema judicial acabará por respaldar el veto migratorio.
La secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, confirmó que su departamento cumplirá con la orden judicial, pero pronosticó que el gobierno acabará imponiéndose en la batalla legal.
