Barcelona.- La Fiscalía General del Estado español se querelló este lunes por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos contra el destituido presidente catalán Carles Puigdemont y su gobierno.
Lo anterior, por la declaración unilateral de independencia proclamada el pasado viernes en la región.
El fiscal general, José Manuel Maza, anunció en una comparecencia que la demanda se extenderá también contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los miembros de la mesa.
En su disputa, Maza define el delito de rebelión como el más grave que puede cometerse contra el Estado y sus principales instituciones.
Asimismo, agregó que, con sus acuerdos, posibilitaron la tramitación de los proyectos esenciales para el desarrollo y la culminación del proceso independentista.
Los querellados serán citados próximamente a declarar, tras lo que se les podrían aplicar medidas cautelares, que podrían incluir fianza y embargo de bienes por hasta 6 millones 207 mil 450 euros.
Mientras, la vuelta al trabajo de los funcionarios catalanes después de la intervención del Gobierno español transcurría con normalidad y la calma reinaba en las calles pese a los llamados a la desobediencia civil de políticos secesionistas.
Aunque algunos trabajadores del sector público todavía tienen que decir a sus nuevos jefes si aceptarán sus órdenes, los primeros indicios de que las medidas excepcionales aprobadas para frenar la independencia se están afianzando eran un alivio para los mercados financieros, que subían durante la sesión.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, asumió el control directo de la región el viernes, despidió a la totalidad de su gobierno secesionista y convocó a elecciones anticipadas para el 21 de diciembre.
Sin embargo, algunos miembros del gobierno catalán, incluido Puigdemont, dijeron que no aceptan la medida y que solo los catalanes pueden despojarlos de sus cargos.
Cabe señalar que Puigdemont viajó a Bruselas desde Marsella, Francia, junto a cinco exconsejeros de su Gabinete.
Se dirigieron en coche desde Cataluña a Marsella y, una vez en esta ciudad del sur de Francia, tomaron un vuelo con destino a Bruselas.
El viaje se confirmó apenas una hora después de que el fiscal general José Manuel Maza anunciara la querella.
