Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La fracción del PAN del Poder Legislativo en Tamaulipas, propuso una iniciativa de Ley para ampliar la participación de las “Asociaciones Público Privadas” -APP- para que puedan participar en diferentes obras y proyectos de “largo plazo”.
La propuesta Ley que leyó en tribuna la Diputada Brenda Georgina Cárdenas Thomae, busca “crear un nuevo marco jurídico que regule las Asociaciones” por lo cual abrogarían la Ley de de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado de Tamaulipas.
Aunque en tribuna presentó solo una síntesis, pidió que se incorporará el texto íntegro de la presente acción legislativa.
Todos los Diputados del PAN que firman esta iniciativa, aseguran que por medio de esta nueva ley, “se generan mejores condiciones de certidumbre al sector privado interesado en participar en el desarrollo de proyectos de infraestructura para la provisión de servicios públicos”.
Además va a permitir “establecer una distribución de riesgos más eficiente, promover la competencia en las licitaciones y mejorar las condiciones de financiamiento para las obras de infraestructura, dotando de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos”.
La iniciativa de Ley reforma llega a unas horas de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Tamaulipas, anunció que en el 2018 se concesionaria un tramo de la carretera Victoria-Tampico para su mantenimiento.
Aunado, a una posible limitación de recursos que se estiman, se obtengan del Presupuesto de Egresos de la Federación en el 2018.
De acuerdo a lo expuesto en tribunal “las Asociaciones Público Privadas (APP), se convierten en un instrumento eficaz para operar proyectos productivos a largo plazo”.
“A través de ellas se reúne al sector público y a inversionistas privados para desarrollarlos con fineses sociales, productivos o de eficiencia administrativa del gobierno”.
En este sentido, se añade que a través de las asociaciones público privadas, se logra satisfacer la creciente demanda de bienes y servicios públicos con recursos y financiamiento limitados, “ya que en muchas ocasiones el gobierno se enfrenta a problemas económicos o presupuestales”.
Se permite establecer una distribución de riesgos más eficiente, “promover la competencia en las licitaciones” y mejorar las condiciones de financiamiento para las obras de infraestructura, dotando de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos.
Esta nueva ley, consta de 116 artículos, divididos en 17 capítulos, en los cuales se contemplan las disposiciones preliminares, la implementación y administración de los proyectos; la planeación, programación y presupuestación; registro, validación y autorización; permisos, licencias y concesiones; adjudicación de los contratos; así como todo lo relativo a las sanciones, recursos y solución de controversias.
