Ciudad de México.- En lo que va del actual sexenio, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha iniciado 505 investigaciones contra miembros de las fuerzas armadas por delitos y violaciones a derechos humanos cometidos contra civiles, y sólo hay 16 condenas. Esto muestra la falta de efectividad para sancionar a militares.
Lo anterior es una de las conclusiones de un informe de investigación titulado “Justicia Olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, realizado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), que se liberó este mediodía.
Este número de indagatorias por parte de la PGR, reporta esta organización, se dieron entre 2012 y 2016, y en el mismo periodo sólo se logró acreditar 16 sentencias condenatorias en el sistema de justicia civil contra solados.
Esto es, expone WOLA en su informe, que en estos cuatro años “la PGR sólo tuvo éxito en 3.2 por ciento de sus investigaciones y que aún queda mucho por hacer para que las víctimas puedan ejercer sus derechos a la verdad y justicia”.
La investigación advierte de diversas discrepancias en lo que toca a las cifras oficiales sobre estos temas y critica que no haya coincidencias. Pues la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró que en ese periodo envió mil 835 casos a la PGR por no tener competencia para investigarlos, la dependencia de procuración de justicia sólo tiene registro de 84.
Otro dato que da a conocer WOLA es que el Poder Judicial de la Federación asegura que entre 2012 y 2016 recibió de la Sedena 829 casos en que las autoridades militares se declararon incompetentes; sin embargo, los jueces civiles sólo aceptaron 314.
De las 505 investigaciones penales en el ámbito civil contra militares acreditadas por WOLA, 268 fueron por tortura, 121 por abuso de autoridad, 37 por desaparición forzada, 31 por violencia sexual y 17 por homicidio. El resto se divide en diversos delitos como: extorsión, privación ilegal de la libertad, robo y allanamiento de morada.
Sobre las sentencias condenatorias, únicamente 16, el delito más sancionado fue encubrimiento de violaciones a derechos humanos y destrucción de cadáver, con siete casos; tres por desaparición forzada, tres por homicidio, dos por lesiones y allanamiento, y una por violación.
En el informe se critican los obstáculos por parte de los militares que impiden las investigaciones civiles. WOLA reporta al menos tres: el inicio de investigaciones paralelas en el ámbito castrense, la dificultad para que los soldados declaren como acusados o testigos en el sistema de justicia civil y que los efectivos alteran escenas del crimen o declaran falsamente.
La organización estadunidense acompaña esta afirmación con algunos casos contra militares que dentro de la justicia civil enfrentan diversos obstáculos. Se trata de la desaparición de siete jornaleros en Calera, Zacatecas; la ejecución de un huachicolero que ya estaba sometido en Palmarito, Puebla; y la ejecución extrajudicial de varios civiles en Tlatlaya, caso este último en el que se ha comprobado que los soldados alteraron la escena de los hechos, una víctima tuvo que interponer un amparo para conocer el expediente que se tenía en el fuero militar, el cual contenía información que no había sido compartida.
En el informe, WOLA lamenta que las investigaciones civiles no profundicen en la cadena de mando para investigar a superiores jerárquicos. Al respecto, en toda la investigación, sólo se hallaron dos caso en que se condenó a un teniente coronel en Chihuahua por desaparición forzada y otro en que se condenó a un subteniente de infantería por el mismo delito pero en Nuevo León.
