Madrid.- El gobierno de España solicitó al Tribunal de Cuentas que investigue los gastos del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre pasado en Cataluña y se reclamen, en su caso, las indemnizaciones que procedan al expresidente regional Carles Puigdemont y a todos sus exconsejeros.
Puigdemont y cuatro de los exconsejeros que abandonaron el país para irse a Bruselas y ahora están en libertad condicional en Bélgica, son reclamados por la justicia española por posibles delitos en relación con el proceso independentista en Cataluña.
Según confirmaron fuentes del Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda envió un escrito a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para pedir que se aclare el uso de fondos públicos en el referéndum citado.
Hacienda pide que se determinen las actuaciones, los contratos y actos administrativos realizados por el anterior gobierno catalán para la organización y celebración del referéndum y definir cuánto costó.
En concreto, se quieren aclarar todos los fondos públicos destinados a tal fin, incluidas las subvenciones que recibieron las entidades sociales independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, también denunciadas ante el Tribunal de Cuentas.
Una vez que se determinen los perjuicios para el erario, el gobierno plantea que se reclame a los exgobernantes independentistas catalanes “las indemnizaciones procedentes” tras el correspondiente “procedimiento de responsabilidad contable”.
