Madrid.- Seis legisladores catalanes declararon este jueves ante un juez español por las acusaciones de que ignoraron las órdenes del Tribunal Constitucional español y permitieron una votación sobre la independencia de Cataluña en el Parlamento regional.
La presidenta de la cámara autonómica, Carme Forcadell, fue la primera en declarar ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y dos fiscales.
Al igual que otros cinco miembros de la mesa del Parlamento catalán, la funcionaria afronta posibles cargos de rebelión, sedición y malversación.
Estos delitos podrían suponer penas de prisión de hasta 30 años, según la legislación española.
El juez tendrá que decidir tras tomarles declaración si se decretan medidas cautelares, incluida la prisión preventiva, mientras prosigue la investigación.
Conforme al diario El País, Forcadell acató expresamente ante el juez Llarena el artículo 155 de la Constitución, que interviene la autonomía de Cataluña tras la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre, y manifestó que esta declaración tiene un carácter simbólico, según fuentes jurídicas.
Forcadell contestó a las preguntas de la Fiscalía y su defensa y defendió que siempre ha permitido el debate sin perjudicar el resultado ni controlar su contenido, para preservar el derecho a la actividad parlamentaria y al debate libre”, cita el rotativo.
Asimismo, afirmó ante el juez que evitar el debate parlamentario habría sido un incumplimiento de la legalidad aplicable a la Mesa del Parlamento catalán y de los principios del Estado democrático.
La presidenta defendió que el Constitucional no puede actuar de forma previa como un filtro de censura, sino que en todo caso debería hacerlo a posteriori.
Rechazó además que haya habido violencia en el procés y afirmó que ella siempre defendió que las movilizaciones debían llevarse a cabo sin violencia.
Nueve miembros del Gobierno catalán, que comparecieron la semana pasada en la Audiencia Nacional acusados de los mismos delitos, fueron encarcelados y sólo uno de ellos abandonó la cárcel al día siguiente tras abonar una fianza, opción que la jueza no concedió al resto.
La declaración de independencia del 27 de octubre en el Parlamento catalán fue boicoteada por la mayoría de los legisladores de oposición, pero se celebró pese a órdenes judiciales previas.
Las autoridades centrales españolas adoptaron la medida sin precedentes de intervenir la acomodada región poco después, la primera vez en cuatro décadas de democracia que una de las 17 comunidades autónomas españolas pierde temporalmente su capacidad de autogobierno.
España destituyó al gobierno regional, disolvió el Parlamento catalán y convocó nuevas elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
El ex presidente regional Carles Puigdemont y cuatro miembros de su destituido gobierno huyeron a Bruselas, donde tratan de evitar órdenes españolas de arresto y extradición.
En una carta subida el jueves a medios sociales, los cinco pidieron apoyo para los partidos independentistas en las próximas elecciones catalanas.
“Toca expulsar de las instituciones (catalanas) a aquellos que quieren hacerlas suyas con un golpe de Estado”, tuiteó Puigdemont, aludiendo a la decisión del gobierno español de asumir las competencias del gobierno catalán.
Puigdemont, que probablemente se presentará como candidato por su partido centroderecha PDeCAT, dijo que viajó a Bélgica para ganar apoyos en Europa por la causa catalana, y que no intenta huir de la justicia.
Aunque ningún país se ha puesto de su lado públicamente, su presencia en la capital belga está sembrando divisiones en la clase política.
