A pesar de que existen anuncios espectaculares relacionados con la creación de un padrón vehicular de automotores usados ilegales, éste no se ha cristalizado y quienes podrían regularizar su estancia legal, no pueden por las altas tarifas que impone el SAT, pero sobre todo se visualiza la falta de voluntad política de las autoridades.
Lo cierto es que es de extrema urgencia que el gobierno federal, estatal y municipal, unan esfuerzos en este tema, para evitar que cuando existan accidentes automovilistas, las autoridades viales tengan la posibilidad de dar con los responsables, porque en estos momentos, no se puede dar seguimiento por falta de datos.
Existen muchos casos de que familias son víctimas de accidentes donde participantes automóviles sin placas o con placas de algún estado de la Unión Americana y los conductores, simplemente huyen del lugar de manera irresponsable.
Esto provoca un quebranto patrimonial, porque los afectados, aunque tengan seguro automotriz, deberán absorber cuando menos el deducible y toda la problemática que origina quedarse sin vehículo mientras dura la reparación o el trámite correspondiente.
Porque lo inmediato, es que cualquier vehículo que circule en la franja fronteriza de México, con los Estados Unidos, debe estar registrado, para que cuando haya accidentes o se cometa otro delito con esas unidades, se pueda dar con los responsables.
Claro que también se debe buscar no lastimar los bolsillos de las familias de bien, que adquieren un automóvil para poder trasladarse a sus trabajos, por lo que es importante encontrar un esquema para regularizar esas unidades ilegales, de una manera justa y equitativa, para que la industria automotriz nacional y la ciudadanía resulten beneficiadas.
En el tema de la regularización de las unidades que ya circulan en la frontera, se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades aduaneras, por lo que deben de mejorar los esquemas existentes, para que quienes posean autos extranjeros, puedan pagar sus impuestos y que sus vehículos puedan acceder a quedar en el registro correspondiente, con placas, engomados y tarjetas de circulación.
Existen muchas peticiones desde Tijuana hasta Matamoros, para que se disminuya el precio estimado en la solicitud de legalización de los automotores de procedencia extranjera, además de entrar a una fase de negociación y que los poseedores de estos vehículos, cumplan con sus obligaciones en ese sentido.
Porque mientras las propias autoridades hacendarias no busquen una solución viable a este problema, las incidencias seguirán, ya que las restricciones arancelarias y las no arancelarias, han propiciado indiscutiblemente la importación ilegal de vehículos.
También es cierto que se debe de proteger la planta productiva nacional, pero también se tiene que regular la importación automotriz de autos usados, de acuerdo a los tratados internacionales, en donde se señala que una factura basta para demostrar el valor del vehículo y no mediante estimaciones que por lo regular los sobrevalora y los impuestos se vuelven prohibitivos.
En definitiva, es urgente encontrar una solución ya sea mediante la integración del multicitado padrón vehicular o hacer más flexibles los aranceles, para que esto no impacte en la economía nacional, ni a la planta industrial, además de que los comerciantes de autos usados puedan reactivar su giro, ya que el SAT podría recaudar miles de millones de pesos mediante el pago de los impuestos correspondientes.
Adultos mayores, sin futuro.
Pasando a otro tema, mencionaremos que existe un tema que desnuda con amplitud la injusticia que viven más de 9.5 millones de personas de 65 años o más que hay en el país, alrededor de 2.5 millones (26%), los cuales no reciben ningún tipo de pensión.
Estos adultos mayores que dejaron tras de sí una vida productiva y que se encuentran en el total desamparo es el 61% son mujeres y el 39% son hombres, de acuerdo a las estadísticas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Al ahondar en esta problemática, el INEGI- detalla que 4.7 millones (49%) de personas de la tercera edad reciben una pensión a través del programa social 65 y más u otro tipo de apoyo social que se dan en los estados y municipios del país.
Porque es innegable que no podemos presumir de ser un país con justicia social, cuando existen personas de la tercera edad, algunos con edades entre los 70 e incluso que sobrepasan los 80 años de edad, que salen a trabajar en diversas tareas, desde empacadores, voceadores de periódicos, cuidadores de autos y demás actividades, porque de ese ingreso depende su supervivencia.
Son hombres y mujeres que trabajan por necesidad y no tienen ninguna otra alternativa, viven en la incertidumbre el presente y sin ninguna esperanza en el futuro.
Por hoy fue todo, para cualquier aportación de ideas, aclaración o dudas, dirigirse al correo electrónico [email protected], además le invitamos a escucharnos en Parámetro Informativo de Radiorama de Nuevo Laredo, en el 101.5 de FM y en la página de Facebook Radiorama en Vivo, de las 14:00 a las 15:00 horas, los lunes, miércoles y viernes y de lunes a viernes en La Verdad en Noticia de las 20:00 a las 21:00 horas.






