Brasilia.
La Fiscalía de Brasil solicitó este jueves congelar bienes por 6.5 millones de dólares al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, como parte de una investigación en la que el ex mandatario está acusado de participar en tramas de corrupción.
El portal de Internet G1 informó que el pedido de la fiscalía también incluye cuentas del hijo menor del ex mandatario, Luis Cláudio, investigado en la misma causa.
De acuerdo con el portal, el Ministerio Público pidió que a Lula le fueran bloqueados algo más de 6.5 millones de dólares, y a su hijo 763 mil dólares.
En un comunicado, la defensa del ex mandatario de Brasil (2003-2010) informó que su patrimonio no es de 7.3 millones de dólares, y que sus bienes ya fueron congelados por el juez Sérgio Moro, quien condenó a Lula en primera instancia a nueve años y medio de prisión por cargos de corrupción.
No hay base jurídica ni material para pedir el bloqueo de bienes formulado por la fiscalía, destacó en un comunicado el abogado defensor de Lula, Cristiano Zanin Martins. Destacó que en el requerimiento no se citan pruebas sobre las acusaciones referidas.
El escrito también subrayó que la denuncia de la fiscalía acusa al ex presidente haber recibido valores ilegales, pero ningún testigo confirmó la tesis de la acusación.
El pedido de bloqueo de bienes de Lula y su hijo es por un proceso en el cual el ex presidente está acusado de favorecer a la empresa sueca Saab en la compra de 36 aviones cazas.
La fiscalía alega que en 2012 Lula, quien ya no era presidente, sabía que dos lobistas cercanos al gobierno intercedían en las negociaciones para favorecer a la firma sueca. En ese momento era presidenta de Brasil Dilma Rousseff, que al igual que Lula es del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT). De acuerdo con la fiscalía, Lula apoyó las negociaciones de los dos lobistas, ya que por medio de éstos habría logrado que su hijo cobrara los 763 mil dólares en comisiones que ahora la fiscalía ordenó congelar.
Lula, el político más popular de Brasil en décadas, es investigado en siete procesos que responden de forma directa o indirecta al operativo Lavado Rápido, que comenzó en 2014 como una investigación sobre posibles tramas de corrupción entre políticos y empresarios que mantenían contratos con empresas del estado.
Lula fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión y aguarda en libertad que un tribunal de segunda instancia confirme o rechace la sentencia. Si es confirmada, Lula no podrá ser candidato a presidente en las elecciones del año próximo, en que las encuestas lo señalan como favorito.
