Ciudad de México.- Las mujeres que denunciaron al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) por la tortura sexual de la que fueron víctimas durante el operativo policiaco en San Salvador Atenco la madrugada del 4 de mayo de 2006 comparecieron ante ese penal internacional en búsqueda de la justicia que tras 11 años no han obtenido.
En el contexto del 120 periodo ordinario de sesiones de esta Corte, cinco de las 11 denunciantes narraron el horror y las atroces acciones de los policías en su contra. No fue sencilla su comparecencia. Por momentos guardaban silencio, al borde del llanto por la dureza de recordar aquellos hechos.
Fueron golpeadas, sometidas, humilladas, insultadas. Las agresiones sexuales incluyeron tocamientos y la introducción de dedos en vagina, y en un caso en el ano. Médicos legistas y agentes del Ministerio Público las maltrataron, no les dieron apoyo e incluso fueron socarrones y desestimaron sus denuncias; y las autoridades estatales pusieron en duda sus dichos.
Los jueces de la Corte se mostraron sensibles con los relatos, y no se limitaron a preguntar exclusivamente sobre la denuncia por tortura sexual, sino que ahondaron en el contexto, en cómo se dio el operativo y los procesos judiciales contra las denunciantes, sobre la lucha contra el nuevo aeropuerto internacional de México, y hasta pidieron saber el nombre del entonces gobernador del estado de México.
Los representantes del gobierno mexicano, en principio, se limitaron a preguntar a las comparecientes si conocían los términos de las propuestas del Estado para la solución amistosa, si sabían que se había consignado a 52 servidores públicos o si se enteraron de que un día antes de los hechos se había dado un enfrentamiento entre pobladores y policías. Esto motivó que los jueces llamaran la atención de los funcionarios, pues consideraron que ese tipo de interrogantes no profundizaban con los objetivos de la audiencia.
Vengan a calentar a esta puta, dijeron varios policías al tener sometida a Bárbara Italia Méndez, recordó. Abusaron de ella: apretaron sus senos, mordieron y chuparon varias partes de su cuerpo e introdujeron sus dedos en su vagina. Fue el horror. En su búsqueda de justicia, aceptó realizarse un peritaje un año después con la fiscalía de mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR). Fue revictimizante: mientras estaba desnuda en un pequeño cuarto, en el exterior se escuchaba el tumulto de varios policías que hacían chistes sexistas, además, las dos mujeres que le aplicaron las pruebas le tomaron fotografías con sus celulares.
Norma Jiménez fue agredida en el asiento trasero de un autobús por varios policías. Ante los jueces dijo que cuando solicitó a un médico legista que la revisara porque había sido violada, éste le contestó que seguramente ellas mismas se habían infligido las lesiones. Su padre no le habla. Cree que estoy equivocada por estar denunciando esto aquí. En respuesta, la juez Elizabeth Odio le dijo: Las mujeres no nos equivocamos cuando denunciamos. Claudia Hernández recordó que los uniformados le arrancaron la ropa y cuando se dieron cuenta de que estaba en su periodo menstrual, gritaron: Vamos a ensuciar más a esta perra. Y comenzó su tormento. Varias ocasiones pensó en quitarse la vida.
Angélica Patricia Torres vivió el mismo suplicio. Exigió que el Estado aclare públicamente que no mintieron. En ese tiempo vi un mensaje en la televisión, en el que el gobernador decía que mentíamos…, cuando contaba esto, un juez le pidió decir el nombre del entonces mandatario estatal. Enrique Peña Nieto, contestó. Gracias, reviró el juzgador.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República condenaron los hechos de violencia sexual y tortura en contra de 11 víctimas y expusieron su disposición y compromiso para atender adecuadamente las medidas de reparación que en su momento pueda ordenar la Corte Interamericana.
