Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Presidente del Poder Judicial en Tamaulipas Horacio Ortiz Renan, consideró que si el gobierno federal no asigna recursos suficientes al sistema de justicia laboral, debería de postergar la entrada en vigor en el 2018.
En el 2018 deberá transitar la justicia laboral al Poder Judicial del Estado pero no hay dinero ni infraestructura en Tamaulipas.
En el presupuesto de egresos de la Federación, los legisladores federales no asignaron un solo peso al tema de la justicia laboral para el 2018.
Tamaulipas requiere al menos de 300 millones de pesos que, podría contemplarlos el propio poder ejecutivo estatal.
Para el próximo año entraría en vigor la reforma laboral que autoriza que los juzgados del Poder Judicial del Estado, conozcan de los casos laborales y con ello se declarará el cierre de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
La disposición es Federal y Estatal. En el caso de Tamaulipas todavía no se han hecho reformas pero la adversidad más próxima que se observa es en materia financiera.
“No hay un presupuesto designado, el próximo año entran los tribunales laborales, la ampliación de los juicios mercantiles orales y a finales de año entrará la justicia civil y familiar, también oral”.
Reconoció que será un reto muy grande para la justicia local, poder dar entrada a las iniciativas que son federales.
“Todavía estamos trabajando de dónde jalar un poco de recursos”.
Por lo pronto, admitió, el gobierno del estado destinará recursos para este tema jurídico de inicio pero se desconoce con precisión a cuánto ascenderán los recursos.
Lo que se está apreciando es que se requieren al menos 300 millones de pesos adicionales al presupuesto anual del Poder Judicial.
Rechazó que se ponga en riesgo la aplicación de la justicia laboral pero es necesario que se esté preparado para asumir el reto con infraestructuras y capacitación porque entrarán en vigor nuevas leyes que regirán el nuevo procedimiento laboral, civil y mercantil.
Se solicitó al gobierno federal, recordó, que se aprobará un fondo para este tema pero la gestión fracasó ante la Cámara baja y asumieron que los gastos que se generaron por los sismos del 7 y 19 de septiembre pudo haber complicado la negociación.
Horacio Ortiz Renan, dijo que lo anterior “nos hace pensar que los estatales deberán asumir el costo que no sería justo porque es una reforma federal”.
El sistema acusatorio penal tuvo un fondo penal por tres años para su implementación, de tal suerte que hoy, “los Presidentes de los Poderes Judiciales no solo estamos pidiendo, sino exigiendo que se otorguen los recursos -económicos- porque de otra manera tendrá que darse una prórroga”.
