Madrid.- Un juez del Tribunal Supremo español dirige, desde ayer, directamente las diligencias contra los líderes catalanes acusados de “rebelión”, entre ellos el expresidente regional, Carles Puigdemont.
El juez Pablo Llarena acordó “ampliar la investigación” y declarar “su competencia para conocer de la responsabilidad penal del expresidente de la Generalitat (Puigdemont) y los 13 exconsejeros regionales”, explicó un comunicado oficial.
Igualmente, el magistrado de la máxima instancia penal española se encargará de los casos que involucran respectivamente al presidente de la asociación Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, encarcelados de forma preventiva.
Puigdemont y el resto de acusados están siendo investigados por cargos como rebelión, sedición y malversación, que pueden desembocar en penas de hasta 30 años de cárcel.
El gobierno catalán en pleno fue destituido por el presidente del gobierno central, Mariano Rajoy, tras recibir la autorización excepcional del Senado para intervenir la autonomía de la región, el pasado 27 de octubre.
Puigdemont y cuatro de sus consejeros decidieron instalarse en Bélgica, cuya justicia debe pronunciarse sobre una orden de detención internacional solicitada por España.
Una parte de las diligencias judiciales estaba en manos de la Audiencia Nacional, que podrá seguir investigando al exmayor de los Mossos d’Esquadra (la policía regional catalana), Josep Lluís Trapero, entre otros.
Llanera, un juez familiarizado con Cataluña, puesto que residió varios años en esa región, asume “la parte de la causa relativa al Govern cesado y a los responsables de ANC y Omnium, que queda incorporada a la que ya se sigue contra la presidenta del Parlament (catalán), Carme Forcadell, y otros 5 miembros de la Mesa”.
“La unificación del procedimiento tiene una finalidad funcional, concretada en la facilitación de la tramitación del caso”, justificó el auto del Tribunal Supremo.
A partir del auto del juez Llarena, quedan bajo la investigación del Supremo un total de 22 personas en relación con los sucesos en Cataluña desde la celebración del referéndum de independencia anticonstitucional del 1 de octubre.
