Buenos Aires.- La Justicia argentina confirmó este jueves el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández y sus dos hijos como presuntos líderes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de lavado de dinero junto a empresarios de la obra pública.
La sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Luis Ballestero, confirmó también el procesamiento de los constructores Lázaro Báez y Cristóbal López, y de Romina Mercado, sobrina de Fernández y su fallecido esposo, el también exmandatario Néstor Kirchner, y quien fue presidenta desde 2015 de la sociedad Los Sauces.
A través de una resolución publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ), los magistrados avalaron así la decisión del juez federal Claudio Bonadio, quien en abril pasado consideró a la expresidenta penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe.
(Este concurre) en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por ser funcionario público y por “negociaciones incompatibles”, apuntó Bonadio en su resolución, en la que también ordenó un embargo sobre los bienes de Fernández por 130 millones de pesos, cerca de 7.38 millones de dólares.
Asimismo, Máximo, que es actualmente diputado nacional, y Florencia Kirchner también fueron embargados con grandes sumas de dinero y acusados por Bonadio de encabezar esa supuesta asociación ilegal.
La investigación se originó en abril de 2016 por una denuncia de la diputada de centroizquierda Margarita Stolbizer contra Fernández y sus hijos, en la que les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero en supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.
La acusación apunta a que pudo utilizarse la empresa Los Sauces, dedicada al alquiler de inmuebles y creada en 2006 por el matrimonio presidencial y su hijo Máximo, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de ambos empresarios, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
Tras la decisión judicial de hoy, la senadora sólo podrá recurrir ante la Corte Suprema de Justicia y se acerca más a la posibilidad de ser citada para acudir a juicio oral.
