Ciudad de México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) mostró su inconformidad por los términos en que se aprobó la Ley de Seguridad Interior, en la Cámara de Diputados, y que ahora está en manos del Senado de la República.
Al dar su mensaje semanal, el organismo presidido por Gustavo de Hoyos Walther señaló que el dictamen de la ley contiene aspectos que deben ser analizados “a fondo” por la Cámara alta, como lo están demandado expertos y diversas organizaciones sociales, con el fin de garantizar la certeza jurídica, el irrestricto respecto a los derechos humanos y la transparencia en la función de seguridad.
“Pedimos al Senado realizar un análisis a profundidad, con la intervención de la sociedad civil, y realizar las adecuaciones que sean pertinentes al proyecto de Ley de Seguridad Interior que se aprobó por la Cámara de Diputados, enmendando todo aquello que ponga en riesgo la normalidad legal”, emplazó el organismo patronal.
De esta forma la Coparmex se suma a la petición de diferentes organizaciones sociales que hoy se manifestaron en contra de dicha ley afuera de las instalaciones del Senado, además de la alerta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que recordó que “la violencia en México no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”
De acuerdo con Gustavo de Hoyos, al aprobar únicamente la Ley de Seguridad Interior, y al mismo tiempo desechar la iniciativa de Ley General de Seguridad Pública, la Cámara de Diputados está construyendo una propuesta de solución incompleta a los desafíos del país en la materia.
“Esta vía no genera instituciones y estrategias sustentables, porque ataca sólo los efectos y no las causas de la inseguridad, que están fuertemente vinculadas a la falta de capacidades y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en materia de seguridad”, fustigó.
Para la Coparmex, la solución debe ser integral.
Es decir, ambas iniciativas de ley deberían ser aprobadas e implementarse de forma paralela. Así, la Ley de Seguridad Interior debería ser vinculatoria al Sistema Nacional de Seguridad Pública para revertir los altos índices de delincuencia que prevalecen en varias regiones del país.
