En Tamaulipas no solo es política o administración pública, también los devotos de la Virgen de Guadalupe hacen lo propio para difundir los valores de la fe y la creencia en la Guadalupana que se habrá de celebrar dentro de 8 días. Por ese motivo un grupo de jóvenes del grupo “Fuego Guadalupano” salieron la tarde del miércoles a la ciudad de México para ser portadores del fuego guadalupano. El grupo de jóvenes entusiastas lo encabeza Juan Carlos Hernández.
Mientras que en los institutos políticos Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo entregaron sus respectivas plataformas políticas en el Instituto Estatal Electoral y de esa manera estar en condiciones de participar en las elecciones locales.
Asimismo los legisladores locales aprobaron 20 dictámenes correspondientes a leyes de ingresos del mismo número de municipios. Durante la sesión la diputada Teresa Aguilar denunció supuestos cobros indebidos del titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en agravio de la miles de usuarios de la capital tamaulipeca.
Pareciera que a Gustavo Rivera titular de ese organismo público descentralizado le ven cara de candidato a algún puesto de elección popular, en la próxima contienda electoral, sobre todo porque lo tiempos son propios para la grilla federal, estatal y municipal.
En el mismo Congreso tamaulipeco, se ventilaron asuntos de carácter social que por una parte, derivan en acciones que benefician a los ciudadanos de esta entidad y también le permiten al Estado tener un control sobre el parque vehicular que circula en los principales pueblos y ciudades.
En entrevista Carlos González García adelantó que dentro del paquete fiscal 2017 que contiene también las leyes de ingresos y egresos, contempla expedir engomados y chip para 400 mil unidades de fuerza motriz de los cuales la mitad se ubican en la franja fronteriza y los demás en otros municipios, pero al mismo tiempo precisó que no se trata de una nacionalización o cosa parecida.
Sino una identificación vehicular que dé identidad a los vehículos de procedencia extranjera. Y aun cuando pudiera pensarse que es una acción electorera, lo cierto es que se trata de una medida que le sirve al Estado para tener un control del parque vehicular que circula por las calles y carreteras de la región tamaulipeca.
Pero sobre todo se trata de un padrón vehicular, donde los propietarios de vehículos extranjeros, obtienen un engomado que le permite a la autoridad tener el nombre completo y la dirección donde viven, quien posee un vehículo irregular.
Y a los ciudadanos les da certidumbre de que no serán motivo de extorsiones de agentes viales o policías federales y estatales, sino es porque los vehículos tengan alguna carencia de luces.
El legislador fue reiterativo de que no es una nacionalización sino una identificación vehicular. Algo similar al programa que hay desde años atrás en el Estado de Sonora, donde los automovilistas solamente pueden circular en el perímetro de esa entidad.
En el mismo palacio legislativo, un grupo de ex trabajadores del Grupo Alijadores de Tampico solicitó el respaldo de los legisladores de todas las fracciones, para que hagan las gestiones propias y 1,500 del grupo alijadores puedan obtener su liquidación. A través de su representante Magdaleno Pérez Juárez reclaman 2,500 millones de pesos y por ese motivo solicitaron el respaldo de los legisladores.
Se trata de un conflicto que data del 2010, cuando un particular se apropió de 27 bienes del Gremio Alijadores, por un supuesto préstamo de 155 millones a la administración de aquel tiempo que encabezaba José Ramón Martínez del Angel.
