Buenos Aires.- Ante la decisión del presidente argentino, Mauricio Macri, de enviar la ley de reforma previsional nuevamente a la Cámara de de Diputados, sin modificar nada, proponiendo un bono mínimo por fin de año, organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, entre otras, anunciaron que a partir de la ocho de la mañana de este lunes bloquearán los principales accesos a la capital en rechazo a esta iniciativa que afecta a más de 17 millones de personas.
En la misma línea, las dos Centrales Argentinas de Trabajadores, los estatales, educadores y otros gremios comenzarán un paro y llamaron a movilizarse, mientras desde la dirigencia tripartita de la Confederación General del Trabajo sus voceros adelantan que ante la actitud del gobierno de Macri y si no hay un cambio en la reforma se llamará a un paro nacional de 24 horas, que comenzaría al mediodía de este lunes.
Marcharán también la Corriente Federal de Trabajadores, el Movimiento de Acción Sindical Argentino, la Unión Obrera Metalúrgica, y la Unión Docentes Argentinos, Canillitas, entre otros.
Llamado al alcalde para permitir el ejercicio de las libertades públicas
El legislador de Unidad Porteña, Mariano Recalde y el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de esta capital, Daniel Catalano, presentaron una medida cautelar para exigir que el gobierno de la ciudad garantice la seguridad de los manifestantes durante la jornada de este lunes. Solicitan al alcalde capitalino, Horacio Rodríguez Larreta, que disponga las medidas necesarias para garantizar el efectivo y pleno ejercicio de las libertades públicas, ya que la seguridad estará en manos de la Metropolitana, que ha actuado violentamente en ocasiones anteriores.
Catalano recordó lo sucedido el pasado jueves, cuando decenas de manifestantes resultaron heridos y además fueron detenidas 50 personas. También solicitan que los efectivos lleven tarjetas que los identifiquen, ya que en manifestaciones anteriores hubo disturbios y actos vandálicos provocados por encapuchados, que de acuerdo con organizaciones políticas y sociales y testimonios de videos filmados eran infiltrados que respondían a las fuerzas de seguridad.
Por otra parte, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y otros organismos humanitarios denunciaron que aunque se liberaron a 10 de los 50 detenidos, el juez Claudio Bonadío ordenó allanamientos en los domicilios particulares de éstos buscando cualquier elemento que justifique el armado de causas y retrase su puesta en libertad. Es un grave atentado a las libertades individuales, sostuvo.
Periodistas que no son opositores al gobierno informaron sobre la molestia de algunos gobernadores peronistas de varias provincias, citados por el mandatario para que presionen a sus diputados a votar por la reforma previsional, o de lo contrario no recibirían el dinero de la coparticipación, sin lo cual no podrían pagar los salarios de los empleados.
