Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los “yonkes” en las principales ciudades en Tamaulipas, entrarán a un proceso de regulación con permisos anuales y tendrán la visita de corporaciones de seguridad para descartar el robo de piezas automotriz.
La Diputación Permanente en el Congreso del Estado, dio entrada a la iniciativa de Ley en donde le dará facultades a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, para que junto con la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, haga visitas de verificación e inspección a cada negocio.
Deberán entregar un informe mensual de sus compras y ventas a la PGJ; Habrá multas hasta por más de 377 mil pesos.
Con esta iniciativa que, se piensa aprobar después del 15 de enero del 2018, se busca generar confianza en la compra de piezas porque, se regulará su venta, se buscaría que los precios sean los justos y se comprueben que proceden de unidades legales.
Ahora, cada dueño de un “yonque” deberá entregar un reporte mensual a la Procuraduría General de Justicia del Estado por las ventas o compras que realizan.
De acuerdo a la normal, el informe debe contener los datos de identificación de las personas físicas o morales que enajenaron los bienes, así como la cantidad pagada con motivo de la operación realizada, la fecha en que fue celebrada la misma y el número de serie del vehículo automotor.
Con lo anterior la PGJE podrá cotejar datos de vehículos o autopartes para detectar cuando se trate de unidades robadas.
Quien incurra en irregularidades, habrá sanciones contra los dueños de los negocios, las cuales irán desde la clausura temporal o total, hasta la imposición de multas que van desde 50 hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, 3,774 pesos a 377,450 pesos.
Las sanciones monetarias serán independientes de las de tipo civil, penal y fiscal que puedan generarse.
Por ejemplo, algunas causas de sanción son: la falta de entrega a la PGJE de un reporte mensual sobre el inventario de vehículos y autopartes; no exhibir en lugar visible la licencia o permiso de funcionamiento, y obstaculice los actos de inspección o verificación, o niegue la información que le requieran las instancias de gobierno.