Ciudad de México.- Aunque por momentos ríspida, la relación entre el Congreso de la Unión y organizaciones de la sociedad civil ha permitido que cerca de la cuarta parte de las reformas y leyes producidas desde 2012 tenga la huella de académicos, expertos, activistas y otros personajes interesados en los temas que procesan los legisladores federales.
Dominados por el PRI, hasta hace unos años, el Senado y la Cámara de Diputados se sujetaban a las disposiciones del Ejecutivo federal y validaban, sin discusión alguna, las reformas enviadas por él.
Sin embargo, los vínculos entre el Legislativo y los ciudadanos para crear y modificar normas comenzaron en diciembre de 1994 con la reforma al Poder Judicial de la Federación y se reforzaron en 2012, cuando el Senado convirtió 90% de las propuestas de la sociedad civil en la primera Ley General de Víctimas.
Entre los ordenamientos que se han concretado durante los últimos años, gracias a la participación ciudadana y de expertos, están la reforma al sistema de justicia penal, la primera ley contra la trata de personas y la reforma que permitió el uso de la mariguana medicinal, entre otras.
ANTES SÓLO ERAN ATENDIDAS LAS VOCES DE LOS LEGISLADORES CIUDADANOS TEJEN LEYES
Con episodios que llegaron a la confrontación y el acoso hacia los legisladores federales, la relación entre el Congreso de la Unión y la sociedad activa en asuntos públicos, especialistas y académicos permitió que cerca de la cuarta parte de las reformas y leyes producidas desde 2012 tenga la huella de ciudadanos interesados en los temas que procesa el Poder Legislativo.
La relación productiva entre el Poder Legislativo y los ciudadanos para la construcción de leyes y reformas comenzó a escribirse en diciembre de 1994, en torno a la reforma al Poder Judicial de la Federación; tuvo su máxima expresión en 2012, cuando el Senado avaló 90% de las propuestas de ciudadanos y las transformó en la primera Ley General de Víctimas.
