Ciudad de México.- Chihuahua promoverá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que analice el uso del presupuesto público como mecanismo de control del gobierno federal, tras denunciar represalias financieras contra su administración.
Unos 780 millones de pesos no han sido transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “pese a estar convenidos desde el 14 de diciembre de 2016”, insistió el gobernador Javier Corral en un comunicado que recoge varias entrevistas radiofónicas.
De acuerdo con el gobierno panista de Chihuahua, las supuestas represalias serían la consecuencia al destape que hizo de un caso de corrupción en el que estaría implicado el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El caso involucra al ex secretario general adjunto del PRI Alejandro Gutiérrez, quien está acusado de desviar 250 millones de pesos de recursos públicos a las campañas de su partido.
Corral dijo que el Ejecutivo federal ha incumplido “unilateralmente” los convenios firmados con el estado, con lo que merma “las capacidades, competencias y facultades” de su administración.
Las asignaciones, advirtió, pueden ser utilizadas como “un instrumento muy delicado” que, si se entregan con discrecionalidad, puede ser un impedimento para que los estados ejerzan “las facultades constitucionales y legales en el combate a la corrupción y a la impunidad”.
