Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, envió una recomendación a diversas autoridades federales y del estado por el caso de la detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución arbitraria contra cuatro jóvenes en el poblado de control, municipios de matamoros cuando era Alcaldesa Leticia Salazar Vázquez.
La desaparición de tres jóvenes de Texas en Matamoros y un mexicano ocurrió en la administración de la ex alcaldesa Leticia Salazar Vázquez, y se le señaló a su grupo elite “Hércules” de haber sido responsable de los hechos.
A través de un comunicado, la CNDH hizo publica la recomendación 77/2017 en donde señala que la recomendación fue enviada al Gobierno de Tamaulipas, Secretaria de Marina, a la Comisión Nacional de Seguridad y al Ayuntamiento de Matamoros por la desaparición y ejecución de tres jóvenes hermanos originarios del Estado de Texas, Estados Unidos y un mexicano.
En tanto, el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, dio a conocer a través de la Coordinación de Comunicación Social de su gobierno que, ha aceptado la recomendación y se sujetará a las obligaciones que emitió la CNDH.
“La Comisión Nacional se allegó de evidencias suficientes en el expediente CNDH/2/2014/7211/Q y su acumulado CNDH/2/2015/2937/Q, para acreditar que el 13 de octubre de 2014 dos hermanos de nacionalidad estadounidense salieron del domicilio de su padre, ubicado en el poblado Control, municipio de Matamoros, Tamaulipas, para reunirse con su hermana, quien se encontraba en compañía de un mexicano a inmediaciones del Puente Internacional Libre Comercio Lucio Blanco, conocido como “Puente Internacional Los Indios” y regresar a Progreso, Texas”.
Ese día, recuerda, debajo del Puente, estas cuatro personas fueron privadas arbitrariamente de su libertad por servidores públicos de la Primera Zona Naval de la Secretaría de Marina (SEMAR) y policías del denominado Grupo Táctico Operativo Hércules Matamoros (“Grupo Hércules”, conformado a instancias de la alcaldesa municipal Leticia Salazar Vázquez en la época de los hechos), quienes además incautaron tres vehículos propiedad de los detenidos.
La Comisión Nacional constató que la detención de las víctimas fue ilegal y arbitraria, en razón de que no existió orden de aprehensión en su contra, caso de urgencia o flagrancia que legitimara a los servidores públicos llevarla a cabo.
Los cuerpos de los jóvenes fueron localizados el 29 de octubre del 2014, presentando “traumatismo craneoencefálico con fractura de cráneo producido por proyectil de arma de fuego”.
“La detención arbitraria de las víctimas, perpetrada por servidores públicos y la negativa de las autoridades que se haya llevado a cabo la detención, configuran los elementos del hecho violatorio de la desaparición forzada de las cuatro personas.”.
En la información que da a conocer la CNDH, menciona que las características, objetos y forma en que fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, resulta de gran importancia para concluir que la última vez que se les vio con vida, fue en el momento en que fueron privados de la libertad por miembros de la Secretaría de Marina y del Grupo Hércules que conformó la Alcaldesa Leticia Salazar Vázquez, “lo que indiciariamente los hace responsables de su desaparición”.
Añade que las evidencias y los informes periciales en su momento “permitió determinar a esta Institución Nacional que la causa de muerte de las víctimas fue provocada de manera intencional y de origen violento, toda vez que fallecieron por traumatismo craneoencefálico con fractura producido por proyectiles de arma de fuego, esto es, que hubo ejecución arbitraria”.
Citan “la probable” responsabilidad de los elementos navales y del denominado “Grupo Hércules”, por la detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución contra los 4 jóvenes.
Si bien esta situación aun continua siendo investigada por la PGR, la postura de la CNDH da un elemento para ampliar la investigación en contra de la ex alcaldesa Leticia Salazar así como en contra de los elementos de la Policía Federal que presenciaron la detención, aunque no la registraron en sus bitácoras ni fueron reportadas a sus superiores.
De igual forma, al Gobernador del Estado de Tamaulipas se le está solicitando el cumplimiento de las propuestas contenidas en el “Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México”, para atender integralmente el problema de la desaparición forzada de personas en Tamaulipas y conjuntamente con el Presidente Municipal de Matamoros, se les está pidiendo la observancia y cumplimiento de lo previsto por la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y demás disposiciones que regulan el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
