Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) interpusieron ayer sendas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI).
Luego de varios días de especulaciones y dudas sobre el momento en que ambos organismos autónomos ejercerían esa facultad, este viernes los representantes jurídicos de los dos entes acudieron a la sede del máximo tribunal del país para entregar sus respectivas argumentaciones contra la mencionada norma.
Los primeros en llegar a la SCJN fueron los abogados del Inai, quienes asistieron a la Oficialía de Partes alrededor de las 11 de la mañana, sin medios de comunicación presentes, y se retiraron de inmediato, luego de entregar sus documentos.
Aunque el organismo de transparencia no emitió ayer ningún posicionamiento sobre el tema, en su sesión pública del pasado martes los comisionados ya habían anunciado que presentarían dicha acción de inconstitucionalidad contra los artículos 9 y 31 de la LSI.
La razón de ello, expusieron en aquel momento, es que el artículo 9 impone una reserva de información prácticamente automática a todas las acciones de las fuerzas armadas, tan sólo con afirmar que son de seguridad nacional.
De igual forma, los comisionados del Inai alertaron que la norma omite la necesidad de que el Ejército o la Marina presenten una prueba de daño, mediante la cual demuestren que la divulgación de la información de sus operativos es un riesgo verdadero para la seguridad del país.
En el caso del artículo 31 estimaron que contraviene el artículo 16 de la Carta Magna, pues invade competencias del Inai y otros organismos autónomos, al anular el régimen de cooperación mediante el cual –junto con otras instituciones– buscan evitar abusos en el ejercicio del poder público.
Al indicar que los organismos autónomos están obligados a entregar toda la información que soliciten las fuerzas armadas, señalaron, se interfiere en sus atribuciones y ni siquiera se dice con claridad qué clase de datos pueden pedir ni los mecanismos para su tratamiento.
Se suman observaciones
Por la tarde, los representantes de la CNDH también acudieron a la SCJN para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de diversos artículos de la LSI, por considerar que ponen en riesgo las libertades y garantías básicas de la población.
Pasadas las 18:30 horas acudió el coordinador general de seguimiento de recomendaciones y de asuntos jurídicos de la CNDH, Rubén Francisco Pérez Sánchez, quien hizo entrega del expediente, en el cual el organismo público expone sus argumentos en contra de la mencionada ley.
Aunque el personal de la CNDH se retiró de la Corte sin dar entrevistas a los medios, entregó un comunicado en el cual expuso que su acción de inconstitucionalidad está basada en el hecho de que la LSI contraviene criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de violar el artículo 21 constitucional, donde se establecen los organismos encargados de la seguridad pública.
La LSI, advirtió la CNDH, posibilita que de manera discrecional y sin las debidas garantías de transparencia, el Ejecutivo federal pueda ordenar la intervención de las fuerzas armadas e incidir en el ámbito de derechos y libertades de las personas, por causas que van más allá del combate a la inseguridad.
Asimismo, destacó que en sus términos actuales la polémica norma no reporta ningún beneficio directo ni a los particulares ni al personal militar que lleva a cabo acciones vinculadas a la seguridad de las personas.
Las acciones de inconstitucionalidad de la CNDH y el Inai se suman a las presentadas por legisladores de oposición de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Previamente, el municipio de San Pedro Cholula, en el estado de Puebla, ya había interpuesto una controversia constitucional contra la LSI, aprobada en diciembre pasado.
