Ciudad de México.- Un grupo de encapuchados vandalizaron las oficinas del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría General de la República (PGR), durante la protesta que realizan afuera del inmueble padres de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos.
Los jóvenes realizaron pintas en las paredes y enrejado del edificio, al que tapizaron con mensajes de protesta por los casi cuarenta meses desde la desaparición de los estudiantes; además, lanzaron bombas de humo que ocasionaron la ruptura de una puerta de cristal. No obstante, ninguna persona resultó lesionada.
A las afueras del centro, al que arribaron desde las 11:00 horas, los familiares repudiaron la falta de investigación y adjudicación de responsabilidades a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero en 2014, que hasta hace dos semanas tenía intenciones de contender como candidato a una diputación federal por la coalición PAN-PRD-MC.
A nombre de los familiares, Melitón Ortega, padre de uno de los normalistas desaparecidos y vocero, criticó que además de las cuatro líneas de investigación pendientes en la PGR (el trasiego de droga a Chicago, el registro de llamadas de los celulares de los estudiantes, la participación del 27 batallón de infantería y de elementos de la policía municipal de Huitzuco) falta la línea que se dirige a los funcionarios de Guerrero, específicamente hacia el exmandatario.
“Los políticos de Guerrero responsables de la desaparición pretenden postularse para ocupar nuevos puestos a nivel federal, me refiero al exgobernador Ángel Aguirre Rivero. No es posible que en Guerrero la clase política pretendan burlarse de los padres y avalar que Aguirre Rivero como diputado federal”.
“Repudiamos que esos políticos anden haciendo campaña para llegar a ser diputado federal. La PGR es responsable de avanzar en esa línea de la detención de varios políticos en Guerrero “.
En su segundo día de movilizaciones, también pidieron que sean investigados y encarcelados Iñaki Blanco, exfiscal de Guerrero, y Lambertina Galeana, presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
“La PGR es responsable de negarse a que se giren esas órdenes. Tampoco han agilizado el avance de estas líneas de investigación. Por eso las hacemos responsables”, dijo.
La protesta de los familiares continúa a las afueras de la Procuraduría General de la República.
