Ciudad de México.- Líderes empresariales exigieron al gobierno mexicano resolver los pendientes en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para cumplir con el capítulo contra la corrupción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que los tres países están obligados a establecer medidas eficaces de sanción y prevención de los delitos de soborno y enriquecimiento ilícito para dar garantía a proyectos de desarrollo económico.
Gustavo Arballo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), llamó a resolver “los nombramientos de los fiscales especializados”.
EXIGEN UN FISCAL ANTICORRUPCIÓN
La cúpula empresarial pidió al gobierno mexicano resolver los pendientes en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para cumplir con los compromisos adquiridos en el capítulo contra la corrupción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, recordó que este texto fue una exigencia de los grupos empresariales de los tres países de Norteamérica para establecer políticas que den garantía a las inversiones y a proyectos de desarrollo económico.
“Es una cláusula de vanguardia, que incluso va más allá de otros acuerdos internacionales firmados por México, en otros tratados comerciales”, sostuvo.
Detalló que en el capítulo contra la corrupción se tipifican los delitos de soborno y enriquecimiento ilícito, lo cual obliga a los tres países a establecer medidas eficaces de sanción y prevención de los mismos.
También se establece el convenio de promover la integridad de los funcionarios públicos y a proteger a los denunciantes en las investigaciones, así como a la correcta aplicación de las leyes de cada país en la materia.
Además, el compromiso trilateral de alentar a las empresas a que prohíban los pagos de facilitación, así como mecanismos de cooperación entre los países miembros.
“Las políticas en temas anticorrupción no sólo son para los recursos públicos, sino para los contratos en infraestructura y las inversiones, representa una garantía para que el capital privado trabaje en un marco de legalidad”, dijo.
El CCE demanda que se nombre al Fiscal Especial de Combate a la Corrupción, se designe a los magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa e inicien operaciones los Sistemas Estatales Anticorrupción.
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Gustavo Arballo, dijo que se trabajará con los gobiernos estatales para homologar las disposiciones del TLCAN, y que no sólo recaiga en la federación.
“Es hora de que se resuelvan los nombramientos de los fiscales especializados”, comentó Arballo.
