Moscú.- El Kremlin esperaba el bofetón, pero no por ello es menos irritante. No gustó nada en el centro del poder político ruso la inclusión de 210 allegados del presidente Vladimir Putin en la relación de funcionarios públicos, políticos y empresarios –tan sólo en la parte abierta, tiene otra clasificada– que, a juicio del gobierno de Estados Unidos, merecen ser sancionados, un nuevo acto hostil contra Rusia, según el presidente Vladimir Putin.
Por la diferencia de horas entre Washington y Moscú, la noticia sobre quienes aparecen en los anexos de la Ley para Contrarrestar a los Adversarios mediante Sanciones (CAATSA, por sus siglas en inglés) se conoció en la capital rusa a primera hora de este martes y mereció una pronta reacción por boca del propio Putin, en plena campaña electoral.
Es una estupidez reducir nuestras relaciones (entre Rusia y EU) a cero. Esperábamos esa lista, no lo voy a negar. Estábamos preparados para adoptar medidas drásticas, serias, que pondrían el punto final. Por ahora, nos abstenemos de dar ese paso, afirmó el jefe del Estado ruso en un encuentro con seguidores.
No es nuestra intención deteriorar más la situación (con Estados Unidos), vamos a tratar de articular nuestra relación pacientemente, hasta donde esté dispuesta a llegar la otra parte, agregó.
Y subrayó: La publicación de esa lista es, sin duda, un acto hostil. Complica los nexos ruso-estadunidenses ya de por sí en un estado deplorable y afecta, a querer o no, la totalidad de las relaciones internacionales.
El mandatario ruso ofreció estar muy pendiente de cómo evolucionan las cosas, dado que se dice que hay otra lista secreta, con personas cuyos apellidos tienen asteriscos. Para Putin, es claro que todo debe tener un límite y, si es necesario, Rusia sabrá responder de manera contundente.
Figuran en esa lista negra desde el primer ministro Dimitri Medvediev, el canciller Serguei Lavrov y restantes miembros del gabinete, hasta el último de los amigos de Putin que, a la sombra del Kremlin, lograron amasar en escasos años fortunas que rebasan los mil millones de dólares. Se trata de 114 funcionarios y directores de corporaciones del sector público, así como de 96 magnates que controlan por completo la economía de Rusia.
Por ahora la inclusión en esa lista –elaborada por el Departamento del Tesoro para el Congreso en cumplimiento de la ley CAATSA: una suerte de sentencia de muerte virtual en el paraíso del capitalismo mundial – no supone su implicación en actividades ilícitas ni represalias inmediatas, pero todos son conscientes de que, en cualquier momento, podría servir de base para aplicar sanciones en su contra.
