Londres.- La idea de un nuevo referéndum sobre la Unión Europea (UE) centró el martes el inicio del examen de la ley del Brexit en la Cámara de los Lores, tras filtrarse un informe que admite el impacto económico de la salida.
Los conservadores de la primera ministra Theresa May no tienen mayoría en esta Cámara alta, que generalmente se inhibe y sanciona las leyes sin enmiendas, pero que en esta ocasión parece decidida a dejar su huella.
En el primer signo de lo que le espera al proyecto de ley, un lord laborista, Andrew Adonis, presentó una enmienda para abrir la posibilidad de lanzar un segundo referéndum.
Casi 200 lores –parlamentarios no elegidos, entre los que se mezcla la aristocracia, la Iglesia y miembros de los partidos– solicitaron intervenir en los dos días de debate.
La evaluación del impacto económico del Brexit, realizado por el ministerio británico a cargo de la salida de la UE, difundido por el medio digital Buzzfeed News, muestra que el crecimiento económico se resentirá en todos los casos.
La filtración del informe oficial, elaborado en enero de 2018, se produjo unas horas antes de que la Cámara de los Lores empezara el examen del proyecto de ley sobre la salida de la UE.
Si el país se quedara en la UE, una posibilidad descartada por la premier, su crecimiento sería 2% inferior en los próximos 15 años.
Aunque alcanzara un acuerdo de libre comercio con el bloque, dejaría de crecer 5%, pero si lo abandonara sin acuerdo y empezara a comerciar según las reglas que valen para cualquier país tercero, entonces dejaría de crecer ocho por ciento.
Una fuente gubernamental dijo que se trataba de “una versión inicial” y provisional de un documento con “un número importante de reservas”, y dijo que hace falta “más tiempo” para darlo por bueno.
La UE, por su parte, adoptó ayer sus directrices para negociar el periodo transitorio tras la salida británica del bloque, un plazo en el que quieren que el país siga sujeto a todas las leyes, acuerdos y tribunales comunitarios y no pueda cerrar sus propios pactos internacionales.
Esto implica que Londres tendría que acatar la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de cualquier otra autoridad judicial, reguladora, presupuestaria o supervisora comunitaria.
