Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al vencer el plazo de los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados y el Poder Ejecutivo, el 70 por ciento dio respuesta a las observaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado -ASE- que reclama aún, la explicación sobre el destino de 15 mil millones de pesos y está investigando entre 15 y 20 empresas que no han sido localizadas.
El 70% de los Ayuntamientos que recibieron observaciones ya enviaron su información a la ASE.
Estas empresas, brindaron servicios y facturaron tanto al Estado como a los Ayuntamientos y son empresas de diferentes Estados de la República.
Jorge Espino Ascanio Auditor Superior del Estado, explicó que una vez hechas las notificaciones, en caso de que los Ayuntamientos no tengan la información que se requiere, estarán notificando al titular anterior -ex alcalde- para que juntos resuelvan las exigencias que hace la ASE.
“Podríamos decir que tendríamos al día de hoy el setenta por ciento de las respuestas que se requirió pero todavía, se va a revisar la próxima semana”.
En esta revisión, se podrá comprobar si las observaciones que se hicieron se pudieron cumplir de lo contrario, serán requeridos nuevamente.
La Auditoria hizo observaciones a los 43 Ayuntamientos, 106 organismos públicos descentralizados y el poder ejecutivo de la anterior administración.
“En términos generales -son- alrededor de dieciséis mil o quince mil millones de pesos”, los que están faltando.
Reconoció que hay muchas empresas que van saliendo en las compulsas de entidad de Nuevo León, Tamaulipas y otras partes del paìs que facturaron para el Estado y Municipios, pero no han sido identificadas.
Dijo que, una vez que se resuelva en la respuesta de las observaciones, podrá confirmar si se justifica un cambio de domicilio de las empresas.
Se estima que habría entre 15 y 20 empresas que no han sido localizadas y que brindaron servicios a los Ayuntamientos.
Espino, no reveló las estimaciones de los montos que se cubrieron a esas empresas que no aparecen, pero hay contrataciones por 1.5 millones de pesos y cifras ‘mínimas’ por 20 mil pesos.
“Cuando hacemos la compulsa, lo hacemos aleatorio, tomamos ciertos objetivos y es donde estamos fiscalizando, no lo hacemos al cien por ciento, porque no tenemos la capacidad, pero sí hacemos un análisis en cual nos puede dar una muestra de todo ese universo para saber cómo pagaron”.
Las empresas identificadas son proveedoras de servicios, comercializadoras y en algunos casos proveedoras de renta de maquinaria para obra pública.
Destacó que a diferencia de otros años, el hacer auditorias en campo, permitió detectar estas fallas que realizaron los Ayuntamientos y el propio Estado e incluso los OPEDs.
“Lo que ahora checamos es que efectivamente las computadoras existan, que el proveedor de las computadoras exista, que el proveedor tenga la capacidad y se dedique a vender sus computadoras y si él no las fabrica, saber del proveedor cómo las adquirió y como entraron a su almacén. Tener la certeza que esa operación si se hizo”.
